Un juez cita al dueño del bar y al Puerto en el caso del niño ahogado

El juez encargado del caso sobre el niño de dos años que se ahogó el sábado en Sevilla ha citado a declarar el próximo 4 de septiembre al propietario del establecimiento donde el pequeño tuvo el accidente. El juez quiere que el responsable de Pedalquivir le entregue la documentación y las licencias del negocio de hidropedales y del quiosco-bar. Asimismo, también deberá comparecer ante el juez un representante de la Autoridad Portuaria para que explique el tipo de permiso o permisos concedidos a Pedalquivir.

El propietario del establecimiento de hidropedales, Carlos Merino, aseguraba ayer por teléfono desde su casa que posee todas las licencias necesarias para su negocio y que ayer mismo las entregó a la Policía Judicial en los juzgados de Sevilla. Merino asegura que su establecimiento es legal en todos los aspectos y prefiere esperar a que los jueces hablen antes de hacer ninguna declaración.Por el momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha citado a declarar a Merino para que éste le presente los pertinentes documentos que acrediten la situación de legalidad del negocio de alquiler de hidropedales y del pequeño bar ubicado en una plataforma flotante anexa sobre el río.

El juez también ha pedido la comparecencia de un representante de la Autoridad Portuaria. El encargado de la instrucción del caso quiere saber qué licencias se han concedido al citado establecimiento y para qué actividades.

El Ayuntamiento deberá presentar ante el juez un informe en el que se especifique si los permisos concedidos a Pedalquivir permitían la instalación de un pequeño bar con veladores.

Por el momento, desde el Ayuntamiento, se informaba ayer que los únicos que tienen licencia para tener servicio de bar sobre el Guadalquivir son los barcos turísticos. Las del establecimiento llamado Baradero (situado próximo a Pedalquivir y donde también se alquilan embarcaciones) y la terraza flotante situada frente a la torre Schindler están aún en trámite.

La postura del juez, que cita a un represente de la Autoridad Portuaria mientras que tan sólo pide un informe documental al Ayuntamiento y no cita en absoluto a la Capitanía Marítima, es el primer esquema de responsabilidades que se dibuja sobre la seguridad en el Guadalquivir a su paso por Sevilla. Desde que falleciera ahogado el niño el pasado sábado tras caerse de la plataforma flotante en la que estaba con sus padres, la asunción de las responsabilidades se ha convertido en un constante echar balones fuera.

El Ayuntamiento asegura que su labor es controlar las licencias sobre las actividades que desarrollan los establecimientos que flotan en el Guadalquivir. La Capitanía Marítima dice que su misión es controlar aspectos de navegación y flotabilidad. En el medio y con las competencias más difusas queda la Autoridad Portuaria, que ayer se negó a dar ningún tipo de explicación sobre sus competencias legales.