Un convenio polémico

Trescientos mil millones de pesetas. Ésta es la cifra que, según calculan expertos sanitarios consultados por EL PAÍS, ha perdonado el Insalud a las aseguradoras privadas. Pablo Fernández Miranda, el hombre encargado de coordinar los convenios de asistencia sanitaria en Unespa, la patronal que reúne al 99% de las empresas del sector, no pestañea al escuchar la cantidad: "Es verdad que no pagamos el coste real de las prestaciones sanitarias a nuestros asegurados. Pero es que si lo planteáramos no habría empresa que lo soportara ni Insalud que lo cobrara. Yo se lo he dicho muchas veces a los negociadores del Instituto: 'Ustedes no cobrarían nunca si nos pasaran las facturas reales".Mientras los hospitales públicos se encuentran colapsados por falta de medios, las empresas de seguros del automóvil obtuvieron en el último ejercicio registrado (1998) unos beneficios de 140.000 millones de pesetas.

Las relaciones entre las aseguradoras de coches y la sanidad pública se rigen por un sistema de convenios que negocian y firman cada año el Insalud, las comunidades autónomas, el Consorcio de Compensación de Seguros y Unespa. Su filosofía está marcada por la polémica.

A cambio de una rebaja en los precios, la Administración pretende obtener seguridad y rapidez en el cobro. Pero no siempre lo consigue. Por ejemplo, del 1 de enero de 1988 al 1 de julio de 1989 no hubo acuerdo. El convenio fue denunciado por el Insalud, que consideró "previo a cualquier negociación el pago o compromiso de la deuda contraída por las entidades aseguradoras desde 1985". Durante esos 18 meses las compañías no abonaron prácticamente nada.

Los convenios nacieron fundamentalmente para paliar la actitud morosa de las empresas, que solían entretener los casos en los juzgados durante años. Pero en sus primeros tiempos no lograron mejorar los pagos. Para enderezar la situación el ex director general del Insalud Simón Martín contrató en 1989 a un grupo de letrados apoderados. Su misión era cobrar las deudas. Durante una década, los abogados llevaron a los juzgados miles de expedientes de los 15 años anteriores. Hasta que en 1998 el Instituto ordenó paralizar y desestimar los procesos por deudas anteriores a los tres últimos años.