Economía demanda a Aranjuez por vender una finca de propiedad estatal

Lo que comenzó siendo una posible solución a las deudas del Ayuntamiento de Aranjuez ha concluido en una demanda ante los tribunales. Patrimonio del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha demandado ante el Juzgado 59 de Madrid al Ayuntamiento de Aranjuez, a la Consejería de Obras Públicas y a una constructora privada con el fin de que le devuelvan una finca de 927 metros cuadrados que poseía en este municipio y que fue subastada por la Comunidad el año pasado.

Patrimonio del Estado exige que se impida cualquier obra sobre estos terrenos -la constructora cuenta con la licencia municipal- y que en el Registro de la Propiedad quede constancia de que la parcela es del Estado. La constructora, si el Ayuntamiento no ofrece una respuesta "inmediata a este desaguisado", interpondrá una denuncia por estafa contra el consistorio.En septiembre de 1998 el gobierno municipal de Aranjuez, del PP, intentó saldar una deuda de 130 millones que mantenía con el Consorcio Regional de Transportes mediante la entrega de la finca Casa de la Frutería, situada frente a los jardines del Príncipe. La idea era que el Consorcio subastase los terrenos para así saldar la deuda. La Consejería de Obras Públicas adjudicó la finca por 100 millones, mediante concurso, a una constructora de Madrid para hacer 30 pisos.

Pero surgió un problema. El Ministerio de Economía reclamó la finca porque no era de propiedad municipal, sino del Estado, ya que éste se la había cedido al consistorio en 1990 para fines sociales. Si se incumplían estos fines -venderla para sacar dinero no lo es-, la finca volvería a Patrimonio del Estado. Economía advirtió al Ayuntamiento de la ilegalidad de la venta antes de que ésta se produjera. Pero el Ayuntamiento no dio marcha atrás e incluso concedió licencia de obras a la inmobiliaria que compró el solar.

Los representantes legales de la constructora se reunieron la semana pasada con los del Ayuntamiento para buscar una solución. La inmobiliaria reclama una nueva parcela donde levantar sus viviendas. En los últimos días se han reunido, según la inmobiliaria, con el secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, que hace de mediador.

Recompra

Dirigentes del PP aseguran que el Ayuntamiento está ya en conversaciones con Patrimonio del Estado para recomprarle la finca cuando el juez se la devuelva y pagársela a plazos. De esta manera, según el PP, el problema quedaría zanjado, puesto que la constructora recuperaría los terrenos. Patrimonio retiraría, además, la demanda.

La inmobiliaria se muestra molesta con lo ocurrido, puesto que cree que ha perdido los 100 millones de la compra de la finca, y a cambio ha conseguido un descrédito entre los compradores. "El Ayuntamiento", advierte, "tendrá que indemnizarnos por el lucro cesante" cifrado en casi 300 millones.

El diputado socialista Modesto Nolla, a diferencia de lo que afirma el PP, cree que el "asunto no está acabado, ni mucho menos". Y da la siguiente explicación: "El Ayuntamiento de Aranjuez tenía en 1999 una finca cedida por Patrimonio para uso o servicio público local y una deuda de 130 millones con el Consorcio de Transportes. Ahora, tras la magnífica operación del alcalde, se ha quedado sin finca, sin saldar la deuda, porque el Consorcio tendrá que devolver el dinero cobrado en un acto ilegal, una demanda de Patrimonio Nacional y una posible querella millonaria de los constructores por estafa. La jugada ha sido, sencillamente, maestra. Los ciudadanos de Aranjuez tendrán que pagar de su bolsillo este desastre".

EL PAÍS intentó, sin éxito, recabar la versión del alcalde de Aranjuez, José María Cepeda.