La ex juez y concejal María Tardón cree que 400.000 pesetas al mes son insuficientes para poder ejercer la política

La ex juez y actual cuarta teniente de alcalde y concejal de Policía, María Tardón, justificó ayer las dietas pagadas a concejales en los consejos de administración. Tardón, que por su cargo en el Ayuntamiento gana 400.000 pesetas netas al mes de sueldo (sin contar otros pluses), declaró a Europa Press que las dietas son necesarias. "De suprimirse, llegaríamos al absurdo de que a la política sólo se podría dedicar o el que tuviese una actividad paralela de la que obtener recursos -en este caso sería negativo que pudiese contratar algunas cosas mirando a su conveniencia- o aquel que es rico por familia o patrimonio y no tiene necesidad de vivir de su salario", explicó.A juicio de la responsable de la policía en el Ayuntamiento de Madrid, el suprimir las dietas y que los concejales sólo vivieran de lo que ganan al mes, convertirían la política "en la cosa que fue en el pasado y que la Constitución y todo organismo democrático trataron de suprimir".

Los concejales del Ayuntamiento de Madrid cobran 50.000 pesetas al mes por cada consejo de administración, incluso si no acuden a la reunión.

Sistema "justo"

Tardón añadió que ese sistema de dietas, denostado no sólo por IU y PSOE, sino por el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, del mismo partido que el alcalde, "es justo y equitativo". Señaló que ella pertenece a tres consejos de adminisración, que percibe por ello sus dietas (150.000 pesetas al mes) por "el trabajo continuado y constante en unas empresas donde, en función de su cargo, se deben tomar decisiones que conllevan resposabilidad"."Yo no tengo la sensación de cobrar ninguna dieta", añadió la edil, "a mí se me remunera mi participación en unos consejos de administración en los que tengo que estudiarme los papeles y estar al tanto y tomando decisiones que implican resposabilidad. Esto no es una dieta, es la remuneración de un trabajo continuado y constante".

El alcalde y el presidente regional tienen maneras muy distintas, casi enfrentadas, de ver el asunto: mientras Ruiz-Gallardón las prohíbe, Álvarez del Manzano las considera, incluidas las que se cobran aunque no se asista, "legales, éticas y convenientes". Para Tardón, sin embargo, no existe ninguna "guerra" entre distintos gobiernos: "Mi impresión es que no existen sino distintas percepciones desde administraciones distintas".

Por último, la concejal de Policía señaló: "Hablamos de transparencia y legalidad, de conceptos que se asumen porque derivan del propio funcionamiento y del propio trabajo del cargo político que se ostenta, que no es sólo de carácter legislativo, sino, además, ejecutivo, que significa implicarte en determinadas empresas con un trabajo y una responsabilidad".