La Paz niega los historiales clínicos a familiares de pacientes muertos por sida

Los familiares de cuatro personas muertas en el último lustro en el hospital La Paz (Madrid) tras administrarles sangre contaminada con sida o hepatitis C mantienen una batalla contra el Insalud para conseguir que se les faciliten los historiales clínicos de los fallecidos. El hospital les niega esa documentación alegando que la ley sólo permite dar el historial clínico al propio interesado. "Eso es absurdo, mi hijo ya está muerto", comenta Josefa Lorenzo, madre de Miguel Ángel, un hemofílico que murió en 1996 tras recibir sangre contaminada.

Jueces consultados ayer por este periódico consideran que, al estar muertos los interesados, el hospital debe hacer una "interpretación extensiva" de la ley y facilitarles la documentación. Los familiares reclaman los historiales para "poder denunciar a los laboratorios que suministraron la sangre al hospital sin analizarla antes", señala Josefa Lorenzo.Estos cuatro fallecidos forman parte de los cientos de víctimas (la mayoría, hemofílicos) que han muerto en los últimos años como consecuencia de las transfusiones realizadas en la década de los ochenta con sangre contaminada con sida y otras infecciones. Todos ellos se contagiaron, según fuentes del Insalud, antes de que se estableciese como obligatorio en los hospitales el control antisida de la sangre.

Pese a ello, el Insalud reconoció su error y otorgó entonces 10 millones de pesetas a cada víctima como "ayuda social" y a cambio de que renunciasen a ir a los tribunales. No obstante, muchas familias acudieron después a los jueces y ahora se están sucediendo sentencias en las que se condena al Insalud a pagar a los herederos de los fallecidos indemnizaciones que rondan los 25 millones de pesetas en concepto de "responsabilidad patrimonial".

También ha habido familias, entre ellas estas cuatro, que han decidido trasladar esta negligencia a la vía penal para que se depuren responsabilidades criminales, explicó ayer Josefa Lorenzo: "Por eso estamos batallando ahora con La Paz, para conseguir los historiales clínicos y entregarlos a los jueces".

Ley de Sanidad

El director médico de La Paz (1.250 camas), Joaquín Díez, remitió el pasado 14 de octubre una carta a estas familias en la que rechaza entregarles los historiales clínicos. Afirma que ello vulneraría la Ley General de Sanidad, cuyo artículo 61 establece que sólo "el propio interesado, sus médicos, la inspección sanitaria y los investigadores científicos" están facultados para conocer un historial clínico.En la citada carta a los familiares, Díez manifiesta que el artículo 197 del Código Penal sanciona con "hasta cinco años de cárcel" a quien "ceda y difunda" datos clínicos sobre "terceras personas". Díez admite que esa norma "no define quiénes están autorizados a acceder a una historia clínica", y además recuerda que "el derecho a la intimidad es un derecho no transmisible; por lo que los herederos del titular del derecho [el paciente fallecido] sólo lo son a efectos [de reclamaciones] patrimoniales".

El magistrado de la Audiencia de Madrid Arturo Beltrán disiente de esta interpretación. Opina que el director de La Paz "invoca en este caso el Código Penal como una norma de cobertura de un fraude de ley, ya que los herederos de una persona tienen derecho a hacer valer los derechos que éste, tras fallecer, no puede ejercer".

Ricardo Bodas, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, de carácter progresista, entiende que en este caso hay que "hacer una interpretación abierta y extensiva de la ley", y apuesta por "una modificación legal para incluir expresamente a los herederos".

José Luis Requero, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, considera que la postura del director de La Paz se ajusta a la ley, si bien, como el resto de los juristas, cree que en estos supuestos se debe efectuar "una interpretación extensiva" de la norma.

El director del hospital indicó ayer a este diario que comprende la situación anímica de estas familias, pero que él no puede "incumplir" la ley. Díez precisó que una cosa es el informe clínico de un paciente, que se entrega a todas aquellas familias que lo solicitan, y otra el historial, que incluye "absolutamente todo, radiografías, analíticas, etcétera". "Eso está protegido por la ley, y sólo cabe entregar los historiales en los supuestos establecidos o por orden judicial".

El director de la Paz pone un ejemplo: "Supongamos que una persona, en un momento determinado de su vida, sufrió una enfermedad de las antes llamadas inconfesables, de la que se curó con normalidad sin decir nada a nadie, y luego ésta sale a la luz tras su fallecimiento. Yo, de momento, me atengo a la ley, pero, si mañana los jueces dicen que el camino es otro, lo seguiré sin problemas".