Ruiz-Gallardón, primer presidente que quita las ayudas para estudios

Los funcionarios de Educación tendrán que pagar por los estudios de sus hijos en los conservatorios profesionales y escuelas oficiales de idiomas igual que todo el mundo. La Consejería de Hacienda confirmó ayer que no dará marcha atrás a este respecto, a pesar de que Madrid es la primera comunidad autónoma que suprime un beneficio que se remontaba al año 1923. El Ministerio de Educación advirtió de que la medida puede abrir un complejo debate legal.

Los profesionales de la educación deben abonar las clases de idiomas y música, de la misma manera que otros funcionarios autonómicos pagan por servicios públicos en los que trabajan. Éste fue un argumento que circuló ayer por la administración regional para justificar la pionera supresión de un beneficio social con tres cuartos de siglo de solera. Un portavoz de la Consejería de Hacienda explicó que la exención de pagar matrículas se remonta a una instrucción de 1923, "cuando el general Primo de Rivera", y que quedó sin valor con la Constitución de 1978, ya que en ella se consagra la igualdad de derechos. "Si el Ministerio ha seguido aplicando estas ventajas, será por la costumbre", apostilló.

Lo cierto es que otras comunidades autónomas con las competencias educativas transferidas no habían llegado ni a plantearse este recorte. "Las matrículas gratuitas para hijos y funcionarios se mantienen en pie, desde luego", apuntó con rotundidad una fuente de la Xunta de Galicia, que asumió la educación no universitaria en 1993. A su vez, el Ministerio de Educación confirmó que estas ventajas siguen intactas en todas las autonomías que aún gestiona: Asturias, Castilla-La Macha, Castilla y León, Extremadura y Ceuta y Melilla.

En el Ministerio se aseguró que las ayudas seguirán teniendo vigencia mientras no haya sentencia firme de un alto tribunal. "Existen criterios contradictorios al respecto. Algunas sentencias sostienen que este beneficio vulnera la igualdad de derechos de la Constitución, pero hay una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid según la cual se trata de un derecho adquirido", precisó un responsable.

El portavoz educativo de IU, Franco González, montó en cólera. "Es un ejercicio de trilerismo político. Con una mano les suben el sueldo 13.000 pesetas y con la otra les quitan el doble. Los derechos adquiridos durante tanto tiempo no se pueden anular por decreto", declaró a Europa Press.