Asaja exige a la Junta que invalide las expropiaciones en el Guadiamar

La asociación agraria Asaja presentó ayer ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un recurso administrativo para que el Gobierno autonómico reconsidere su decisión de expropiar aquellas fincas del valle del Guadiamar que no hayan sido adquiridas en el proceso de compraventa que inició el Ejecutivo andaluz tras el vertido tóxico del 25 de abril de 1998. La asociación agraria pide que se invalide el acuerdo de la Junta del pasado 4 de mayo en el que se aprobó la ocupación urgente de las explotaciones para empezar el proyecto de regeneración de la zona.El presidente de Asaja en Sevilla, Ricardo Serra, dejó claro que este recurso administrativo es "el último cartucho" antes de que su asociación recurra ante los tribunales la expropiación, porque, como reiteraron ayer, consideran "ilegal" la ley en la que se basa esta medida excepcional. En su argumentación, la patronal agraria se basa en un informe jurídico de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, que considera que la norma autonómica vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados: si la expropiación se lleva adelante, la Junta se convertiría en propietario de los terrenos, lo que podría retirar a los agricultores del proceso judicial abierto y, sobre todo, invalidar su derecho a recibir las indemnizaciones que fije la sentencia.

Los representantes de Asaja también reiteraron que existen alternativas (la expropiación de uso, y sistemas de cooperación como en otros espacios protegidos) a la ocupación urgente para que el Gobierno andaluz lleve a cabo su proyecto de crear un corredor forestal en el valle del Guadiamar, y que de llevar a cabo la expropiación, ésta también debe afectar a Boliden, la empresa que posee la mina en la que originó el vertido. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Rafael Camacho, lamentó que a Asaja "le importe un pimiento" la imagen del medio ambiente andaluz, de los productos hortofrutícolas de la región y que la zona afectada "tenga perjuicios adicionales", motivos invocados por el Gobierno andaluz para seguir adelante con la expropiación.