AI quiere que autonomías y municipios enseñen derechos humanos a sus policías

Amnistía Internacional (AI) ha notado un preocupante incremento de las denuncias de malos tratos y detenciones ilegales por parte de las policías locales y autonómicas españolas hacia extranjeros y, sobre todo, "no blancos". Por este motivo y porque también cree que las comunidades autonómas y los ayuntamientos han de comprometerse activamente con la defensa de los derechos humanos, la organización no gubernamental (ONG) pidió ayer en Valencia compromisos de los candidatos locales y autonómicos de cara a las elecciones del 13-J.

El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, explicó ayer en la sede de la UIMP los objetivos de su nueva campaña, que esta vez se dirige de forma inequívoca a las comunidades y a los consistorios. Así, mientras en general sólo se suele pedir responsabilidades y compromisos en materia de derechos humanos a los Estados y a los organismos internacionales, las entidades más próximas a los ciudadanos suelen mostrar una actitud tibia hacia estos temas. Cree AI que las elevadas competencias del Estado español en materia de política interior y exterior no anulan la responsabilidad de otras administraciones. Por eso, y ante la proximidad de la cita electoral, la ONG ha hecho una serie de propuestas, entre las que destacan los programas de formación de los agentes autonómicos y locales. Así, en los cursos "debe incidirse particularmente en las medidas que prohíban la práctica de la tortura y los malos tratos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". También propone implantar códigos éticos de conducta entre los agentes. También la asunción autonómica de muchas competencias sobre educación y sanidad debe implicar, a juicio de AI, compromisos claros. Por ejemplo, la preeminicencia de la enseñanza de derechos humanos entre los escolares. Entre los compromisos exigibles a los candidatos autonómicos de las 13 comunidades que celebran elecciones, AI ha incluido que las administraciones que contacten con países donde se violan gravemente los derechos humanos informen de sus gestiones a las ONG con conocimientos sobre el terreno y recaben datos independientes. "Las autoridades autonómicas deben adoptar un planteamiento firme y coherente respecto a sus relaciones exteriores, en el que todos los países estén sujetos a un examen y un trato similar con respecto a los derechos humanos", pide AI. Un comportamiento aplicable en todas las misiones comerciales y, cómo no, que las autonomías han de exigir a las empresas con base en su territorio que tengan fábricas o delegaciones en países de dudoso comportamiento. Los programas de cooperación y las declaraciones institucionales también deben figurar entre las intenciones de los candidatos. En cuanto a las corporaciones municipales, Amnistía ve fundamental la creación de una concejalía de Derechos Humanos. Y entre otras medidas, Beltrán propuso que los ayuntamientos fomenten las declaraciones institucionales de denuncia sobre casos concretos, como la campaña Hay secretos que matan, por la transparencia en el comercio de armas, o la encaminada a impedir que Estados Unidos ejecute al ciudadano español Joaquín José Martínez.