Asaja-Alicante insta al Gobierno a que decrete ayudas por la sequía que ha causado pérdidas de 3.000 millones

La sequía que afecta a la provincia de Alicante ha provocado unas pérdidas valoradas en más de 3.000 millones de pesetas en los cultivos de secano y regadío de la campaña de 1998 y lo que va de 1999, según explicó ayer el secretario general de Jóvenes Agricultores-Asaja de Alicante, Santiago Pascual, que destacó que en la provincia ha llovido una media de 126 litros por metro cuadrado en 1998, lo que supone estar en "situación desértica". Almendros, olivos, viñas -uva de vino, principalmente- y frutales de secano son los cultivos más afectados por la sequía en la provincia de Alicante, en la que también están siendo perjudicados por la falta de agua los cereales y el girasol, aunque en menor medida debido a la superficie cultivada. Asaja de Alicante ha solicitado a la Administración que "promulgue el decreto de sequía cuanto antes", que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Agricultura, con el objetivo de poner en marcha una serie de medidas para beneficiar a los agricultores. La cosecha de secano ya se vio afectada considerablemente durante 1998 y pude ocurrir lo mismo en 1999. En cuanto a los cultivos de regadío, "empieza a haber ya una preocupación importante porque la Cuenca del Segura está en una situación precaria con una cantidad de agua embalsada equivalente a un riego y una pequeña parte de otro", indicó Pascual. "Los agricultores de la Vega Baja del Segura sólo tienen garantía de regar una vez", explicó el secretario general, quien explicó que lo harán "o con carácter inmediato o esperarán a que llueva en mayo". Añadió que, en todo caso, se trata de "una decisión drástica y dramática". El decreto de sequía incluye medidas como devolución de las cuotas de la Seguridad Social, del impuesto de bienes inmuebles, eliminación de la declaración de la renta, así como soluciones más urgentes, como serían la apertura de pozos y facilidades para inversiones de obras públicas, como embalses o prospecciones. Pascual explicó, a su vez, que el Gobierno puede establecer otras medidas, como "ciertos desembalses extraordinarios para diferentes cuencas" y otras medidas que afectan a los seguros agrarios.