Liberalizar el mercado

La Generalitat y las distribuidoras norteamericanas están negociando la aplicación del decreto de catalanización del cine, pero sólo las partes conocen en qué términos. Los unos y los otros guardan un total mutismo sobre la cuestión. Tampoco el Gobierno catalán ha especificado cómo debería concretarse la ayuda que desea recibir del Ejecutivo central para convencer a las multinacionales.En este contexto, un hombre con larga experiencia en este terreno, Miquel Reniu, ex director general de Política Lingüística de la Generalitat, dio algunas pistas en una tertulia de la televisión autonómica, TV-3, acerca de por dónde se pueden mover las conversaciones. Reniu descartó que las distribuidoras estadounidenses busquen conseguir subvenciones al doblaje y al copiado. "Para ellos", opinó, "eso no es peccata minuta, sino minutísima". A su juicio, lo que quieren conseguir las empresas norteamericanas son ventajas en cuanto a que el Gobierno amplíe las licencias de importación de títulos, y eso debe hacerse por ley. La actual Ley de Protección y Fomento de la Cinematografía, de 1994, establece cuotas de pantalla. Por ejemplo, en poblaciones de más de 125.000 habitantes, las salas están obligadas a exhibir un día de filmes comunitarios por cada dos de terceros países.

Lo que pretenden las distribuidoras es, según Reniu, que la norma catalana "genere algún plus para las películas norteamericanas. Que vean que, en cierto modo, el mercado se liberaliza", resumió.