El puerto de Alicante vende la tercera fase del hotel Meliá a precio de coste

Tres años después de su adquisición, el puerto de Alicante ha conseguido desprenderse de una propiedad que sus representantes calificaron ayer de "maldita". Se trata de la tercera fase del hotel Meliá, un edificio vacío y sin utilidad pública definida por el que la entidad, a través de fondos públicos facilitados por el ente público Puertos del Estado, invirtió un total de 1.872 millones de pesetas entre los meses de marzo y julio de 1996. Superada la investigación judicial que determinó la legalidad de aquella operación, el presidente de la Autoridad Portuaria, Mario Flores, anunció ayer que antes de que finalice el año recibirá una señal con opción a compra por parte de los propietarios del hotel Meliá, contiguo al polémico inmueble, que ampliarán el negocio. La transacción se formalizará en febrero, en condiciones en principio nada ventajosas para el puerto: el edificio se vende por el mismo precio que se pagó hace tres años. De las ofertas negociadas por el puerto de Alicante para desprenderse de la tercera fase del Meliá, tres estaban en fase de negociación "avanzada". Mario Flores declaró ayer que "la más consistente" partía de los actuales comuneros del hotel Meliá, interesados en ampliar sus instalaciones. Aunque se mantienen las conversaciones con el resto, el puerto pacta el montante de la señal que recibirá del Meliá este mismo mes, con derecho a compra. A plazos El polémico edificio cambiará de manos en febrero, y lo hará sin reportar beneficio alguno al puerto, que vende exactamente por la misma cantidad que invirtió en 1996. El pago, además, será aplazado. "Ahora estamos intentando acortar en lo posible el plazo, y naturalmente cobraremos intereses", señaló Flores. Inicialmente, la Autoridad Portuaria no recuperará todo lo invertido hasta dentro de diez años, en el 2009. El puerto, al menos, presiona para que los compradores se hagan cargo de los 60 millones de pesetas que ha costado el mantenimiento, vigilancia y pago de impuestos del edificio durante tres años. A la venta se llega después de un largo proceso plagado de imprevistos y situaciones casi irrisorias. Tras su llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria, Mario Flores declaró que se había encontrado con un edificio que no le servía para nada. Pocos meses después constató desilusionado que ninguna otra institución pública se quería hacer cargo del inmueble, que ofreció a la Generalitat, al Ayuntamiento y a la Diputación. Con el objetivo puesto en recuperar el dinero invertido para acometer obras de infraestructura portuaria, el puerto sacó el edificio a pública subasta, que publicitó en todos los medios informativos. Acabado el plazo de presentación de ofertas, un cabizbajo Mario Flores reconoció que la idea había resultado un fracaso al no haberse interesado nadie. La siguiente ofensiva, mantenida hasta ahora, consistió en iniciar un largo periplo por empresas hoteleras y comerciales para intentar colocar el edificio sin beneficio económico alguno para el ofertante. Ha sido la única forma de vender.