El TSJC anula el embargo a una militante de UDC de L"Arboç

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado por improcedente un embargo que el Ayuntamiento de L"Arboç (Baix Penedès) había dictado contra una militante de Unió de la localidad por unas supuestas deudas municipales que le impidieron formar parte de la candidatura de Convergència i Unió (CiU) en las elecciones municipales de 1995. La sentencia considera que el consistorio, presidido por el convergente Joan Català, era consciente de la inexistencia de estos débitos, pese a lo cual ordenó al Consejo Comarcal del Baix Penedès que iniciara los trámites para embargar a Ana María Cabanillas una finca de su propiedad. Los hechos juzgados se remontan a febrero de 1995, cuando en una reunión, a la que asistieron dirigentes provinciales de Unió y Convergència, el alcalde de L"Arboç se negó a incluir a Ana María Cabanillas en las listas de la coalición porque, según él, tenía deudas pendientes con el Ayuntamiento, lo cual impide formar parte de una candidatura. En concreto, a la militante de Unió se le reclamaba el pago de unos cuatro millones de pesetas en concepto de liquidación del impuesto de bienes inmuebles (IBI), diversas tasas municipales y el impuesto de vehículos durante el periodo de 1988 a 1994. A pesar de los numerosos documentos que Cabanillas presentó ante el consistorio que demostraban la inexistencia de tales deudas, el convergente Joan Català ordenó a la unidad de recaudación del Consejo Comarcal del Baix Penedès que cobrara por la vía de apremio. Deudas ficticias Ana María Cabanillas, al final, no pudo formar parte de la candidatura de Convergència i Unió. Joan Català no incluyó a ningún militante democristiano en las listas y ganó las elecciones por mayoría absoluta. Las dos sentencias de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC anulan todos los procedimientos dictados por el Ayuntamiento de L"Arboç y por el Consejo Comarcal al reconocer la inexistencia de estas deudas. Incluso, los jueces afirman que el consistorio de la población "era conocedor del cambio de titularidad de las fincas a que se refieren las liquidaciones impugnadas". El tribunal ya ordenó al consistorio, mediante un auto dictado en marzo de 1996, la suspensión del embargo. A pesar de ello, el Ayuntamiento no lo hizo efectivo hasta noviembre, ocho meses después. Sin embargo, el alcalde afirma que todo el proceso se debió a un error administrativo que subsanó en cuanto le fue posible. Cabanillas presentó una querella por prevaricación y falsificación de documento oficial contra el alcalde de L"Arboç por "haber cercenado su vida política con maniobras torticeras" e impedir que accediera a concejal ya que tenía que ocupar el puesto número 4 de la candidatura y CiU obtuvo en los comicios 7 concejales.