La OCU sostiene que la mitad de los notarios cobran más de lo debido

La mitad de los notarios y registradores de la propiedad cobran de más a sus clientes o extienden facturas erróneas, según un estudio presentado ayer por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La OCU ha detectado cinco "malas prácticas" después de estudiar 1.500 minutas relativas a escrituras de vivienda. De éstas, la más repetida es el cobro indebido del IVA. Todos los registradores y un 90% de los notarios estudiados cometieron este error. El presidente del Consejo General del Notariado, Antonio Fernández-Golfín, admitió ayer fallos en la aplicación de este impuesto en operaciones exentas del mismo, como son las escrituras de préstamos hipotecarios, pero aseguró que se debió a una mala interpretación de la propia ley del IVA. Esta situación fue subsanada en abril, afirmó, después de una consulta a la Dirección General de Tributos y por medio de una circular que fue enviada a todos los notarios para que rectificaran las facturas erróneas.

La OCU también ha detectado defectos en el cobro por las escrituras de compra de viviendas de protección oficial, en la aplicación de reducciones en las escrituras relativas a préstamos hipotecarios y en el cobro hasta de 3.000 pesetas por el envío de documentación.

El estudio no pretende ser representativo, pero sí reflejar una situación y "poner sobreaviso" a los consumidores. De hecho, sus resultados han sido enviados al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal; al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de Registros y del Notariado, y a los colegios profesionales.

Para González-Golfín, los errores reflejados en el informe de la OCU no se corresponden con el número de quejas presentadas ante los colegios profesionales. Los notarios madrileños, por ejemplo, extendieron el año pasado más de un millón de facturas, pero sólo fueron impugnadas por los clientes cerca de 70.

El Ministerio de Justicia anunció ayer que solicitará a la organización de consumidores las 1.500 minutas en las que ha basado su informe. Según una nota del departamento que dirige Mariscal de Gante, el Gobierno revisará estas minutas para, en su caso, abrir expediente administrativo e imponer las sanciones que corresponda. No obstante, el ministerio recuerda que "de los ocho millones de minutas de notarios" los recursos no superan los 50 al año.