El "caso Ollero" pasa a la Audiencia de Sevilla para juzgarse en primavera

Seis años ha tardado el caso Ollero (supuesto pago de comisiones por obras públicas en Andalucía) en cruzar el sombrío pasillo que separa dos edificios judiciales de Sevilla. La juez de instrucción número 17, Pilar Llorente, ha remitido a la Audiencia sevillana el sumario de este asunto por el que en primavera se sentarán en el banquillo, entre otros, el ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos y el director general de Carreteras Manuel Ollero para dilucidar si cobraron comisiones por adjudicar a la constructora Ocisa el tramo de carreteras Las Pedrizas-Salinas (Málaga). El caso Ollero se destapó en enero de 1992 a raíz de un anónimo enviado a los juzgados con el título Organización para la financiación del PSOE y enriquecimiento particular a través de las consejerías de Obras Públicas y Gobernación. La investigación posterior detectó una presunta comisión del 4% por la adjudicación a Ocisa de la carretera, valorada en 3.000 millones. Desde entonces, más de 12.000 folios se han acumulado en un sumario que los abogados han tenido que consultar de uno en uno, tras arrastrarlos con un carrito hasta sus despacho y gastarse 80.000 pesetas en fotocopiarlo. La hermenéutica se ha prolongado mucho más allá de los 20 días de plazo que la juez dio para calificar cuando abrió juicio oral en septiembre de 1997. El sumario ya ha sido remitido oficialmente a la Audiencia, donde ayer seguía sin constar su recibo oficial, para ser juzgado en la Sección Primera casi con total seguridad a partir de marzo. Las defensas piden la absolución de sus defendidos, mientras fiscal y PP (acusación particular) piden cárcel e inhabilitación para los dos ex altos cargos de la Junta y sólo prisión para Jorge Ollero, el hombre que dio nombre al caso tras ser detenido con un maletín con 22 millones, supuesto pago de una comisión.