Los tres detenidos de la Expo eran socios de firmas suministradoras

El ministro de Asuntos Parlamentarios y responsable de la Expo, António Costa, reconoció las "conexiones peligrosas" detectadas entre altos funcionarios de la muestra lisboeta y diversas empresas suministradoras de bienes y servicios, concretamente en las áreas de contratación de espectáculos, arquitectura y equipos informáticos. Ante la comisión parlamentaria que fiscaliza la Expo, Costa admitió que fallaron "los servicios de control financiero en la prevención de los hechos, pero no en su detección y represión". El ministro Antonio Costa reconoció así una serie de graves irregularidades en la contratación de servicios por parte de la Expo que, gracias al vacío legal sobre tales incompatibilidades, tal vez no constituyan delito pero, sin duda, empañan la imagen y el prestigio de la muestra lisboeta. Costa admitió que el jefe de contabilidad y tesorería de la Expo, Joao Caldeira, detenido hace dos semanas, y el responsable de los servicios informáticos, Armando Ruano, suspendido de sus funciones, son socios en una empresa inmobiliaria del principal suministrador de computadores de la muestra. Asimismo se da la circunstancia de que el número tres de la Expo, António Pinto, quien presentó su dimisión hace diez días, es cuñado de Ruano, quien compatibilizaba su cargo con el de socio en dos conocidas empresas informáticas. Al parecer, esta trama de intereses era sobradamente conocida entre los máximos responsables de la Expo, quienes, tras diversas denuncias, permitieron que esas compañías siguieran con sus actividades.

Explicaciones oficiales

Sobre el escándalo de las "conexiones peligrosas", el ministro socialista añadió que la administración de la Expo ha detectado "otros dos casos más, en el área de los espectáculos y la arquitectura, donde hay conflicto de intereses entre los funcionarios de la muestra y las empresas suministradoras de servicios en esas áreas", aunque precisó que "aparentemente" no han sido descubiertos indicios de fraude. En este sentido, Costa subrayó que el vacío legal sobre tales incompatibilidades imposibilita la acción del Gobierno en las denominadas "conexiones peligrosas" entre los cuadros de la Expo y las empresas con las que mantienen relaciones directas. El ministro explicó también que el fraude detectado en las cuentas de la Expo por los pagos simulados por una cooperativa de viviendas asciende a más de 1.200 millones de pesetas, de los cuales cerca de 400 millones están asegurados por diveras garantías bancarias. No obstante, los socios de dicha cooperativa, la mayoría funcionarios de la muestra, podrían perder parte o el total de sus inversiones dado que esos pagos simulados no entraron en las cuentas de la administración. Asimismo, el responsable político de la Expo garantizó que todas las adjudicaciones y contratos serán revisados por diversas auditorías que serán trasladadas a las autoridades competentes y hechas públicas.