Olivas admite que los convenios con Fabra sólo recogen "voluntad política"

La Generalitat estableció un convenio marco con la Diputación de Castellón en enero de 1996 por un montante de 4.000 millones de pesetas para que la administración provincial gestionara inversiones en diversas áreas a través de convenios singulares con las consejerías implicadas. La Generalitat no aportó ni una sóla peseta en 1996, pagó 166 millones en 1997 y 216 este año. El convenio se repitió en 1997 por un total de 4.100 millones y a lo largo de este año se han cubierto 868 de esa cantidad. José Luis Olivas, consejero de Economía y Hacienda, explicó ayer en las Cortes que la clave de los acuerdos reside en "comprometer políticamente determinadas cantidades" y atribuyó a la oposición parlamentaria el oscuro interés de "confundir a la opinión pública". Olivas recordó los pasos del proceso administrativo para justificar algunos retrasos en los pagos por parte de su consejería, explicó que los fondos comprometidos proceden de las inversiones no territorializadas que recogen los presupuestos de la Generalitat e insistió en que la "virtualidad" de los convenios firmados entre Eduardo Zaplana y Carlos Fabra consiste en "forzar" la ejecución de determinadas obras. Acuerdos inocuos Francesc Colomer, de Nova Esquerra y responsable de la solicitud de comparecencia, agradeció a Olivas su "realismo" y "prudencia". Colomer lamentó las actitudes "exageradas y hiperbólicas" que han venido mostrando los portavoces del PP en defensa de unos acuerdos que calificó de "inocuos" y que sólo "retrasan" la efectiva ejecución de las inversiones al implicar a la administración provincial en detrimento de las delegaciones territoriales del Consell. Colomer también se preguntó por qué las áreas de Agricultura y Medio Ambiente, en manos de Unión Valenciana, no han sido objeto de ningún acuerdo singular dentro del convenio marco. Carmen Cana, de Esquerra Unida-Els Verds, coincidió en la inutilidad de los convenios como instrumento paralelo a las "inversiones normales gestionadas por las consejerías". Según Cana, los populares actúan como "maestros incuestionables de la política de imagen", pero afirmó que el filtro que ejerce la Diputación de Castellón sobre las inversiones de la Generalitat "sólo sirve para someter a los ayuntamientos". Javier Sanahuja, del PSPV, atribuyó el convenio a problemas internos en el seno del PP y la necesidad de satisfacer las exigencias de Fabra. Sanahuja abundó en la idea de que la "primera intención del convenio es que nadie pase sin hablar con el portero". El diputado socialista afirmó que los fondos que la Generalitat sólo persiguen "cubrir las vergüenzas" de la Diputación de Castellón. Olivas cerró su comparecencia denunciando "la fobia política" que genera Fabra entre sus opositores y destacando que los convenios tienen "todo el sentido político del mundo".