El fiscal acusa de malversación a varios alcaldes del PP en Lugo

Las presiones del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro, y de otros dirigentes del PP sobre el fiscal jefe de la Audiencia provincial, Jesús García Calderón, son "un hecho gravísimo e insólito", según la portavoz socialista de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega. Las mismas se derivarían de las actuaciones de García Calderón contra varios alcaldes del PP, a los que acusa de delitos como los de malversación, falsedad y prevaricación.Ése es el caso de lsaac Prado, de O Vicedo, que se arriesga a siete años de cárcel tras su procesamiento en tres causas por irregularidades en los gastos municipales, por 70 millones, que incluyen la percepción arbitraria de dietas y, como anécdota, la construcción a cargo del Ayuntamiento de una caseta para su perro en su domicilio particular. Prado debía haberse presentado ayer en el juzgado de Viveiro y no lo hizo. Su abogado trata por todos los medios jurídicos de que no sea juzgado por un jurado popular.

Otro procesado, Manuel Neira, ex alcalde de Foz, debe responder por un agujero millonario en la recaudación municipal. Neira ya fue noticia en 1997, cuando se desveló que había cobrado dietas de la Diputación por participar en un acto por la liberación de José Antonio Ortega Lara, el funcionario de prisiones que fue secuestrado por ETA, o en una rueda de prensa a favor de Unicef.

Julio Yebra, alcalde de Carballedo y senador, para cuyo procesamiento se tramita el suplicatorio, está acusado de pagar con fondos municipales, como excursiones de los colegios públicos, el flete de dos autobuses para asistir a un acto del PP en Santiago en el que intervenían José María Aznar y Manuel Fraga.

Otro regidor, el de Pobra de Brollón, Antonio Arias, actualmente inhabilitado por desobediencia al Tribunal Superior de Galicia, está acusado por el PSOE de falsedad y malversación de fondos. Arias, según la acusación, recibía subvenciones de la Diputación para obras ya realizadas y terminaban en su cuenta.

Este movimiento lo canalizaba el Plan de Obras de Cooperación Local, que la Diputación subvenciona con 300 millones de pesetas anuales (500 en años electorales). La opacidad y descontrol del sistema determinó al fiscal a extender sus investigaciones a todo el programa, lo que habría irritado particularmente a Cacharro.

Esclarecer las presiones

Fernández de la Vega expresó ayer su sorpresa por que aún no haya intervenido el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en el esclarecimiento de las presiones contra García Calderón. "La ministra [Margarita Mariscal] tendrá que dar explicaciones", advirtió."Hacía tiempo que no sucedían estas cosas", dijo la portavoz socialista, que abundó en lo insólito de que la Junta de Fiscales tenga que salir en defensa de su jefe como un jalón más en "el deterioro de la justicia". "Este Gobierno se ha llenado la boca defendiendo la independencia de los fiscales y ni es capaz de hacer respetar su autonomía", añadió.