La losa pinochetista
LA DEMOCRACIA chilena renació en 1989 con una nota al pie. Tras la derrota del general golpista Augusto Pinochet en el referéndum del año anterior, en el que pedía la prolongación de su mandato, el inevitable restablecimiento de los modos democráticos se hizo con importantes reservas. Los dados cargados en la elección del Senado garantizaban, primero, la continuidad del general al frente de las Fuerzas Armadas, y su presencia, después, como vigilante de un sistema semidemocrático, en la propia Cámara Alta. Ahora, cuando se aproxima el momento del pase al retiro del dictador Pinochet ha negado que se vaya a producir el 26 de enero, pero no concreta la fecha-, se avecina la puesta en práctica, ante la impotencia de todos los demócratas, de la segunda parte del plan del general que derrocó cruentamente el Gobierno legal de Salvador Allende en septiembre de 1973.Según la Constitución, de los 48 miembros del Senado, 10 son elegidos a dedo, que son de oficio los jefes de las tres armas más la de Carabineros, dos que selecciona el presidente de la República, tres la Corte Suprema y el décimo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en su pase al retiro, convertido además en senador vitalicio: el propio Augusto Pinochet Ugarte. De estos 10 nuevos senadores, tres -entre ellos los dos nombrados por el presidente Eduardo Frei, democristiano- son partidarios del Gobierno, que es una coalición de centro-izquierda, y los siete restantes, capitaneados por el general golpista, están firmemente con la oposición de derechas. Además, esa derecha cuenta con 18 senadores electos, con lo que puede formar un bloque de 25 escaños. Como la Constitución exige dos tercios de las Cámaras para cualquier enmienda de la misma, ya está garantizada por mucho tiempo la inamovilidad de una carta suprema que establece severas limitaciones al pleno ejercicio de la democracia.
No es casualidad que la mitad de los 48 senadores sean conservadores por imposición del procedimiento. Esa mitad está ahí para asegurarse de que nunca los órganos elegidos por el pueblo puedan proceder contra los militares golpistas de 1973. Ese Senado no es sólo un cuerpo legislativo que lastra hacia la derecha más reaccionaria toda la obra del Gobierno, sino un reaseguro para que en Chile no pueda haber ni asomo de verdadera justicia contra los responsables de la dictadura.
Aun sin entrar en el fondo de la cuestión, todo ello refuerza la imagen internacional de la tentativa de algunos jueces españoles de perseguir a los criminales de las Fuerzas Armadas de Chile. Ya que el Senado de Pinochet impide a la justicia chilena actuar con plena libertad, que otros lo intenten parece hoy dificilmente condenable. El asesino de Allende y de la democracia en su país ha logrado que algo del golpe se sobreviviera a sí mismo en el Estado de derecho actual. La democracia chilena deberá esperar.
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