Debate judicial sobre el deber de usar lenguas cooficiales

El XII congreso de Jueces para la Democracia acordó ayer abrir un debate sobre el deber judicial de usar las lenguas propias de las comunidades autónomas. El acuerdo se adoptó por 52 votos frente a 13 y 3 abstenciones, que propusieron abrir un debate pero sin entrar en el fondo de su contenido. La decisión estuvo precedida por una tensa discusión no exenta de dramatismo, como cuando un magistrado del País Vasco planteó el riesgo de que algún juez pueda ser asesinado por este asunto.La cuestión fue suscitada por 20 asociados de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Valencía, Baleares, Galicia y Extremadura. Un andaluz, Antonio Gil Merino, explicó la necesidad de que se produzca un tratamiento en profundidad sobre el derecho constitucional de los ciudadanos a usar su propia lengua cuando acuden a los órganos judiciales y sobre "el deber del juez, en cuanto desempeña funciones jurisdiccionales al servicio del ciudadano, de conocer ambas lenguas cooficiales".

Varios asociados, aun reconociendo el interés del asunto, pidieron prudencia y tiempo para la implantación progresiva de la cooficialidad y señalaron que no es igual el euskera que el catalán. El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín recordó que la exigencia constitucional de motivar las resoluciones obligará no sólo a entender a los justiciables, sino también a redactarlas en la lengua cooficial.