El peso de la burocracia

Uno de los documentos enviados por Hacienda a la comisión que investiga los expedientes supuestamente prescritos revela anomalías sobre todo burocráticas en el funcionamiento de la inspección. Se trata de un informe de la Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda relativo al año 1995. Con él se da una explicación a la dificultad de seguir el rastro a "muchos" de los expedientes. Casi siempre hay un papel que falta.En relación al problema clave de la prescripción, el informe señala que "se ha detectado en algunas delegaciones [de Hacienda] un trascurso de tiempo superior a seis meses entre dos actuaciones inspectoras, pudiendo dar origen a la prescripción de parte o de toda la deuda sin que haya sido posible justificarlo en algunos casos".

No obstante, respecto de otras delegaciones y de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) de Madrid, la causa se sitúa en una modificación legislativa. En concreto se señala la aprobación de la Ley General Tributaria en julio de 1995, que abrió un obligado paréntesis en las actuaciones inspectoras respecto de las sanciones.

Se da la circunstancia de que el Gobierno ha señalado a la ONI de Madrid como causante de la prescripción de los expedientes de mayor cuantía. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda reconoce ahora el efecto de la nueva legislación, aunque no especifica si en la nueva selección de los expedientes se ha tenido en cuenta. En la primera lista remitida al Congreso se omitió por error este factor y se incluyeron expedientes que no debían figurar.

Francisco Frutos, de Izquierda Unida, explicó ayer que la documentación requerida por la comisión al Gobierno, que se entregó el viernes por la tarde, presenta graves deficiencias. Frutos lo definió como un "caos": carpetas práctica o totalmente desaparecidas, desaparición de datos concretos... Los servicios técnicos de IU estaban estudiando ayer los expedientes para determinar si se ha producido negligencia "técnica o política" y clarificar responsabilidades.