Derecho a la verdad y a la justicia en Guatemala

La firma de los acuerdos de paz en Guatemala, uno de ellos recién sellado en Madrid, es una excelente noticia que no debe, sin embargo, evitar preguntarnos sobre qué ocurrirá con el derecho a la verdad y la justicia en el maltratado país centroamericano.Los derechos humanos han sido un asunto crucial e inevitable en la difícil arquitectura de la paz. Pero la experiencia muestra que la brecha entre la norma y la realidad es enorme en Guatemala, y que la mayoría de la población sigue sin tener derecho a la justicia, especialmente cuando los acusados son miembros de las fuerzas de seguridad.

Esto se traduce también en el acoso a periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas, jueces, abogados y todos aquellos que intentan plasmar en la práctica los principios formulados en las leyes.

Los datos reunidos por Amnistía Internacional (AD sugieren que los que dedican sus esfuerzos a acabar con la impunidad o denunciar, por ejemplo la participación dé policías en bandas criminales, son habitualmente víctimas de amenazas de muerte, secuestros de breve duración, tortura y ejecución extrajudicial.

Aunque actualmente no hay indicios de que tales abusos formen parte de una política estatal deliberada, como en el pasado, Al cree que a menudo se cometen con la complicidad de algunos funcionarios del Estado. Las investigaciones sobre estos delitos son escasas, y prácticamente no hay un solo caso en que los responsables: hayan sido procesados, aunque hayan sido identificados.

La preocupación de Amnistía Internacional por el futuro de los derechos humanos en Guatemala ha quedado expresada en dos memorandos entregados por la organización al Gobierno el pasado mes de agosto, y publicados con el índice: AMR 34 / 26 / 96 / s.

En el primero de ellos se denuncia que promulgar medidas de amnistía para los responsables de miles de graves violaciones de los derechos' humanos, sin que se garantice el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, sería inaceptable. La impunidad tampoco allana el camino de la reconciliación nacional.

En el segundo, la organización expresa su preocupación por las deficiencias de que adolece la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en virtud de los acuerdos firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Reolucionaria Nacional Guatemalteca en 1994.

Dicho temor persiste pese a que el artículo 3.3 del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado el 29 de marzo de 1994 entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, establece que "el Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos". El artículo 8. del mismo acuerdo confirma que Ias partes reconocen que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los. derechos humanos". AI formula, una serie de principios que deben ser respetados en el supuesto de que se discuta la promulgación de una ley de amnistía.