El Parlamento portugués debate la controvertida ley de asilo

El Parlamento portugués ha interrumpido sus vacaciones para discutir hoy, en sesión extraordinaria, el polémico proyecto de la ley de limitación del derecho de asilo, que ha provocado un auténtico pulso político entre el primer ministro, Aníbal Cavaco Silva, mentor del texto, y el presidente portugués, Mano Soares, contrario al documento por considerarlo muy restrictivo.Soares devolvió la ley al Gobierno sin promulgarla. En vez de modificar el texto, el Consejo de Ministros decidió transformar el documento en proyecto de ley y someterlo hoy al voto del Parlamento, donde dispone de la mayoría absoluta. Soares puede aún impedir la promulgación de la ley solicitando la intervención del Tribunal Constitucional o utilizando el derecho de veto político que le otorga la Constitución portuguesa. El objetivo pretendido por el jefe del Estado parece ser, sin embargo, provocar un debate nacional sobre la situación de los emigrantes y refugiados.Actitud humanitariaEn la larga carta que dirigió al Parlamento de Lisboa para justificar su actitud, Mario Soares aludió a su condición de antiguo exiliado político en Francia para cuestionar las recientes legislaciones aprobadas por varios países de la Comunidad Europea, que restringen el derecho de asilo y la inmigración. El Jefe de Estado desea una mayor sensibilización de la opinión pública y un régimen especial para los solicitantes de asilo que provienen de los países africanos de lengua portuguesa y de Brasil, donde en el pasado encontraron refugio numerosos portugueses perseguidos por la dictadura de Salazar.

El Gobierno justifica la nueva legislación y la urgencia de su entrada en vigor en tres razones: la necesidad de armonizar la ley portuguesa con las disposiciones previstas por los acuerdos de Schengen, la lucha contra la inmigración clandestina y la gravísima situación financiera del sistema portugués de Seguridad Social.

Según el ministro del Interior, Días Loureiro, las peticiones de asilo -que aumentaron en un 600% entre 1992 y 1993 y suman actualmente más de 1.500- esconden en muchos casos una inmigración económica y plantean ya serios problemas tanto a nivel interno como en relación a los países vecinos. Los grupos más numerosos son los constituidos por rumanos (gitanos en su mayoría) y zairenses.

De acuerdo con la nueva legislación, la petición de asilo será objeto de una primera selección a cargo de la policía de fronteras. La decisión definitiva sobre la concesión o no del refugio será tornada caso a caso por el Ministerio del Interior, sobre propuesta de una comisión constituida por magistrados y funcionarios.

La oposición ha protestado por el excesivo papel reservado a las autoridades policiales y acusa al Gobierno de Cavaco Silva de fomentar la xenofobia con el uso de argumentos demagógicos.