Los populares piden que el delito social no impida contratar con el Estado

El PP rechazó ayer, en el debate de comisión, que los delitos sociales se incluyan entre las causas que la Ley de Contratos del Estado establezca como prohibiciones para contratar con la Administración. Una enmienda del Grupo Socialista introduce como causas en el proyecto de ley de prohibición para contratar el que una empresa haya sido condenada en firme por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo, o contra la libertad y la seguridad en el trabajo o bien haya sido sancionada administrativamente por infracciones graves contra la salud de los trabajadores.La comisión del Congreso que dictamina la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se reunió ayer por segunda vez. El Grupo Socialista admitió algunas enmiendas de tipo técnico y de escaso calado de la oposición, y planteó algunas enmiendas transaccionales.

Además de las prohibiciones para contratar a las empresas condenadas o sancionadas por actividades antisociales, el Grupo Socialista propuso una enmienda, rechazada por el Partido Popular en la que se prescribe que las empresas con participación mayoritaria de la Adininistración o sus organismos autónomos y en general todos los entes del sector público, que actúen sujetos al derecho privado en su actividad contractual, deberán ajustarse en dicha actividad a los principios de esta ley de contratos y, en particular, a los de publicidad y concurrencia.

Con esta enmienda, Victorino Mayoral, portavoz del Grupo Socialista, explicó que se pretende, y así lo especifica el propio texto, de la enmienda, un comportamiento homogéneo de todo el sector público.