Eligio Hernández promete actuar contra quienes cuestionen "la dignidad de los políticos"

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, aseguró ayer en la apertura del año judicial que el ministerio fiscal debe velar "por la dignidad de quienes se dedican al noble ejercicio de la política", y advirtió que los fiscales se opondrán a las "acciones penales infundadas" contra miembros del Gobierno y del Parlamento. Eligio Hernández consideró "recusable" la práctica judicial de abrir sumarios para esclarecer si unos hechos son delictivos sin que exista previamente un hecho que revista carácter de delito.

La intervención de Eligio Hemández ante el Rey en su primera apertura de tribunales fue despedida con unos tibios aplausos, de cortesía. A diferencia de años anteriores, en que se destacaba al Ministerio Fiscal como defensor nato de los colectivos "más débiles y marginales", el fiscal general dedicó su primera intervención a asegurar que velará "por la dignidad de quienes ejercen la función política en el ámbito de los poderes Legislativo y Ejecutivo".Según Eligio Hernández, "la dignidad de la política y del político" exige que el fiscal dirija "enérgicamente" la acción penal contra los que hacen "del ejercicio de la política un instrumento de agio o granjería, tipificado en las leyes penales". ["Agio" es un beneficio especulativo obtenido con fondos públicos o la compra de valores que tendrán un alza inmediata y segura. "Granjería" se refiere a las ganancias de las haciendas de campo o del comercio obtenidas indebidamente.]

En otro momento, Hernández añadió que la oposición de los fiscales a las "acciones penales infundadas" se dirigirá también "contra cualquier otro ciudadano con independencia de su función".

El fiscal general no aludió en ningún momento a los numerosos casos de presunta corrupción que se investigan en distintos juzgados y en el Tribunal Supremo, pero indicó que los jueces de instrucción deben limitarse a probar la existencia del delito y a recoger todas las pruebas, "absteniéndose de valorar el hecho". Según Eligio Hernández, "no es de recibo" que la tramitación inicial de unas diligencias dé lugar, a veces, desde instancias ajenas al proceso, a un juicio de culpabilidad".

Demanda de nuevos jueces

Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, señaló que ha sido necesario solucionar en poco tiempo la demanda de nuevos jueces, lo que ha impedido que éstos "se beneficiaran del bagaje formativo que el quehacer profesional supone para un jurista". Según Sala, la realidad no trasluce precisamente desconfianza ciudadana en la Justicia, ya que han aumentado los porcentajes "casi espectaculares" del número de asuntos llevados ante los tribunales. Para el presidente del Supremo, "es necesario romper la ecuación un juzgado, una oficina judicial y sustituir la concepción tradicional por oficinas y servicios comunes de tramitación, gerencia de servicios y órganos de coordinación.

Respecto a las reformas procesales, indicó que es "inaplazable" la voluntad de llegar a una nueva y completa regulación del proceso civil y añadió que es urgente compatibilizar la eficacia y las garantías en el proceso penal. Sala declaró por la tarde a Radio Nacional que los casos de politización de la justicia "son contados" y explicó que a ningún juez le gusta "que se introduzcan problemas políticos, a sabiendas de la resonancia que van a tener en determinados medios de comunicación".

[El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, declaró a la agencia Efe que "el fiscal debe ser implacable en oponerse a querellas infundadas contra políticos como lo hace con los ciudadanos normales", aunque añadió: "Debe perseguir los casos de corrupción, sin inhibirse si afecta a algún político"].