El Ejecutivo aplaza el debate de la Ley de Gobierno por reparos de Hacienda e "inoportunidad política"

El anteproyecto de Ley de Gobierno, cuyo papel es delimitar las funciones del poder político y del poder administrativo, así como distinguir los cometidos de los miembros del Ejecutivo, no irá al Consejo de Ministros hasta pasado el verano. El Gabinete ha optado por aplazar la Ley de Gobierno y dar prioridad a la Ley de Organización de la Administración del Estado, que regula escalones más bajos. Este aplazamiento ha sido motivado por las reservas de varios ministros -principalmente el de Economía y Hacienda- y subsecretarios, y por razones de "inoportunidad política".

Las novedades del proyecto han originado serias reticencias en la comisión de subsecretarios, que pierden poder según el nuevo diseño, y entre algunos miembros del Gobierno, -particularmente en el Ministerio de Economía y Hacienda- que abogan "por un debate más lento y que permita estudiar con más detenimiento el alcance de este anteproyecto de ley".Es la segunda vez que este anteproyecto de ley es postergado. El Gobierno lo aplazó hace un año ante las reservas encontradas en diversos escalones del Ejecutivo. El anteproyecto fue debatido nuevamente el pasado miércoles, 27 de mayo, en la comisión de subsecretarios y el presidente del Gobierno decidió ayer finalmente su aplazamiento ante las dificultades surgidas.

Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ha aplazado este debate para concentrarse en sus objetivos fundamentales en este momento -el plan de convergencia económica con Europa y el plan de modernización de la Administración- y no distraer la atención pública con otra discusión. Dichas fuentes señalan que el actual anteproyecto de ley de Gobierno requiere "un largo recorrido que impedirá su aprobación hasta después del verano".

Los elementos básicos del anteproyecto de ley de Gobierno son: la separación del Gobierno del Consejo de Ministros; el deslinde de las funciones políticas sometidas al control del Congreso, de las funciones administrativas sometidas a otros controles, especialmente al de la jurisdicción contencioso-administrativa, y la regulación de la composición del Gobierno y el estatuto de sus miembros.

Según el anteproyecto de ley, el Consejo de Ministros ya no se identifica sin más con el Gobierno, y ello permite eliminar su excesiva administración, restringiendo su intervención al debate de las cuestiones que requieran la manifestación colectiva de la voluntad gubernamental. El Consejo de Ministros lo componen exclusivamente, según el anteproyecto, el presidente, el vicepresidente y los ministros.

Los secretarios de Estado pasan a ser miembros del Gobierno. Se creará un Consejo de secretarios de Estado para preparar la actuación del Consejo de Ministros, lo que implica una pérdida sustancial de poder de la comisión de subsecretarios que es actualmente el órgano preparatorio de esas reuniones de la cúpula gubernamental. Su pérdida de competencias ha originado sus reservas, expresadas en la reunión de la comisión de subsecretarios del pasado miércoles.

Otro aspecto básico del anteproyecto consiste en separar el ámbito de la Administración de lo estrictamente político, cuyas actuaciones emanan del Gobierno. Esta distinción no existe en la legislación actual, pendiente de reforma y procedente del franquismo donde Gobierno y Administración se confundían. Un ejemplo de esta confusión consistiría en que fueran a los tribunales decisiones políticas como el envío de una corbeta al Golfo.

El anteproyecto refuerza también el papel de la presidencia del Gobierno y delimita las competencias de la vicepresidencia del Ejecutivo, que hoy corresponden a Narcís Serra.