El juez Márquez instruye diligencias penales al jefe de Policía de Sevilla

El juez instructor del caso Juan Guerra, Ángel Márquez, instruye diligencias penales por un presunto delito de denegación de auxilio a la justicia en el que pudo incurrir el jefe superior de Policía de Sevilla, José Luis Morales Blázquez. Los hechos constituyen uno de los argumentos del expediente disciplinario abierto contra el jefe del grupo de Policía Judicial, encargado del caso, José Antonio Vidal.

Las diligencias que instruye el juez Márquez se derivan de la negativa recibida por dos inspectores de la Policía Judicial cuando solicitaron unos datos sobre empresas relacionadas con la Expo 92 y vinculadas a Juan Guerra, en la Brigada de Información de Sevilla. A los dos inspectores, que iban provistos de un requerimiento del juez, se les negó la información, argumentándose en la brigada que cumplían orden del jefe superior.

La revelación de estos hechos se produjo el 20 de marzo durante una reunión que mantuvieron el fiscal jefe, Alfredo Flores, el juez Márquez, el fiscal de este juzgado, el jefe del grupo de delitos económicos de Sevilla, José Aulet Marcos, y José Antonio Vidal, además del comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial, Emilio Monge Ruiz.

Durante la reunión, y según consta en un escrito dirigido por Monge Ruíz al jefe superior de policía, Vidal manifestó los hechos relatados. En el escrito, Monge califica el incidente "de mucha gravedad, pues, si no se aclara, tanto el juez como los dos fiscales podrían deducir que el máximo responsable de la Policía de Sevilla está siguiendo una estrategia cuando menos anómala, y que pudiera incluso llegar a constituir un delito de desobediencia o denegación de auxilio".

Este escrito originó una petición de José Luis Morales a la Comisión de Policía Judicial para abrir una información reservada, previa a un expediente contra Vidal. Posteriormente, el juez decano de Sevilla abrió una información, que dirigió al juez Márquez, quien finalmente abrió las diligencias penales.

Nuevo careo

Ayer se produjo un nuevo careo entre dos socios de la empresa Litomed, Daniel Sánchez-Barriga y Eduardo Sánchez Rodríguez, quienes sólo coincidieron en que la sociedad decidió acudir a un despacho, de influencias para conseguir que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les concediera el tratamiento de enfermos. Sánchez Barriga sostuvo que Eduardo Sánchez se dirigióentonces a Juan Guerra para conseguir el favor del SAS, mientras que éste lo negó.Asimismo, Agustín Ortega Limón, ex gerente del SAS, entregó ayer al juez el borrador de una carta dirigida al ex consejero de Salud, Eduardo Rejón, para que la enviara al entonces presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, en la que denunciaba las amenazas recibidas de Juan Guerra para que cerrase unos expedientes de dos funcionarios del SAS, condenados posteriormente por cohecho.