Los auditores del despacho de Juan Guerra niegan que de su informe se desprendan acusaciones contra el ex vicepresidente

Los autores de la auditoría encargada por el juez instructor del caso Guerra, Ángel Márquez, para determinar el coste de utilización del despacho que Juan Guerra poseía en la Delegación del Gobierno en Andalucía negaron ayer que de su informe pueda desprenderse cualquier tipo de acusación contra Alfonso Guerra.Diario 16 publicó ayer que el ex vicepresidente Alfonso Guerra es una de las tres personas aforadas en el sumarlo abierto por el juez Ángel Márquez por las irregularidades de Juan Guerra. El Independiente, por su parte, señaló al ex vicepresidente como presunto malversador de fondos en dicho asunto.

José Parra Casado y José Manuel García Martínez, economistas responsables de la auditoría, aseguraron ayer mediante un comunicado que el informe pericial aludido por ambos diarios "no ha sido elaborado" y que, por tanto, las informaciones "ea relación a la forma y contenido del informe no han podido ser obtenidas del mismo".

Los responsables de la auditoría puntualizaron: "El informe a emitir tratará de evaluar cuantitativamente los gastos imputables al despacho; en ningún momento procederemos a efectuar acusaciones personales en relación a responsabilidades que puedan derivarse".

Tras la publicación de la noticia, que aseguraba que el informe pericial certificaba que "Alfonso Guerra es responsable de los gastos generados por su hermano Juan para actividades privadas en el despacho oficial de la Delegación del Gobierno", el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, declaró ayer a este diario que no son procedentes "las valoraciones jurídicas atribuidas por algunos medios a unos peritos" en el caso Guerra.

Por su parte, Manuel Fernández del Pozo, abogado acusado por Izquierda Unida (IU) en el mismo asunto, manifestó que "es imposible" que la auditoría realizada sobre el coste de la utilización por parte de Juan Guerra de un despacho de la delegación del Gobierno en Andalucía acuse a Alfonso Guerra de un delito de malversación de fondos públicos.

Preguntado por la actuación de la fiscalía en relación con el informe de la auditoría, Leopoldo Torres manifestó que "se pronunciará jurídicamente" sobre ello "una vez que conozcamos los papeles". Mientras tanto, el fiscal general del Estado expresó su sorpresa por "una nueva filtración", anterior al pronunciamiento del juez sobre la auditoría.