Más de un año de caso

El caso Juan Guerra saltó a la luz pública el 30 de diciembre de 1989, cuando en un pleno municipal de la localidad gaditana de Barbate, el entonces alcalde, Serafín Núñez, justificó la intervención de Juan Guerra en el desbloqueo del proyecto turístico Puerto de la Plata, una operación que supondría una Inversión Inicial de más de 8.000 millones de pesetas.Tras iniciarse una investigación por los fiscales jefes de Sevilla y Cádiz, Alfredo Flores y Jaime Ollero, respectivamente, la presentaciórn de una denuncia criminal por Izquierda Unida, el 26 de marzo, dió entrada en el proceso al juez Ángel Márquez Romero. Después se unió como acusación el Partido Andalucista.

Desde el 1 de abril hasta ayer, la investigación judicial y policial en torno a las actividades de Juan Guerra ha ido ampliándose con conexiones en Valencia, Madrid, Alicante, e incluso en Gibraltar. Las diligencias abarcan ya decenas de miles de folios.

Dos frentes han monopolizado las actuaciones. Por un lado, la presunta utilización privada por Juan Guerra de un despacho en la Delegación del Gobierno en Sevilla. Ello motivó que las partes requirieran el libro de visitas de este organismo, que fue parcialmente entregado y que, según algunos testigos existió durante otros periodos.

Fuentes judiciales aseguran que el caso está prácticamente concluido y que se tienen pruebas de ese uso privado -presunta malversación- para incluirlo en la solicitud de apertura de juicio oral junto al del delito fiscal. Baste como ejemplo que Fernando Castro, directivo de Ensidesa, reconoció ante el juez haber firmado la venta de la finca La Carrascosa a un empresa de Juan Guerra en ese despacho.

Por otro lado, las actividades de la empresa Corral de la Parra, desde la que Juan Guerra y su socio Juan José Arenas Casas tejieron una complicada red empresarial, han incluido en las investigaciones a casi una veintena de sociedades.