La factura

EL MINISTERIO de Industria ha optado por cerrar definitivamente la central nuclear Vandellòs 1, una decisión sensata y que había sido solicitada por todos los partidos políticos representados en el Parlamento catalán. Quizá para evitar que esta decisión abriera un debate que se proyectara más allá de Vandellós, en vigilias de la revisión del Plan Energético Nacional, el ministerio ha fundamentado su opción exclusivamente en el coste económico que supondría aplicar todas las medidas que en su día exigió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para una hipotética reapertura de la central. De hecho, el obstáculo económico de las reparaciones nunca había sido reconocido por Hifrensa, la empresa que explota la central, como un argumento finalmente disuasorio de su empeño en resucitar la factoría.El día después al cierre de Vandellós abre otras preguntas: ¿es conveniente suplir los megavatios que ya no suministrará jamás Vandellós con la producción térmica? ¿Esta decisión anticipa otra más general sobre la moratoria nuclear? Ayer, el ministro de Industria despejó una incógnita, pero quedan, muchas otras que necesitan igualmente una respuesta clara, sobre todo después de la intervención del portavoz del PSOE en la Comisión de Industria y Energía, en la que se declaró decidido partidario de la moratoria nuclear.

El grave accidente del pasado mes de octubre en Vandellós tiene, y tendrá, un alto precio para el conglomerado energético del país al reforzar el miedo popular a la vecindad de unos artefactos que albergan un proceso discutido por su peligrosidad. La suspicacia ciudadana frente a esta tecnología viene reforzada por el hecho de que Hifrensa no hubiera cumplido con todas las recomendaciones del CSN para garantizar sus instalaciones de Vandellós.

Tras la decisión de ayer, sin embargo, no están despejadas todas las incógnitas. Deberá elaborarse un plan de clausura técnica de la central y, sobre todo, deberá decidirse quién paga la parte más importante de la factura: el contribuyente o Hifrensa. Amortizar el coste por la vía del incremento tarifario supondrá una discutible repercusión en el ciudadano. Regatear a la empresa la indemnización al anularse una licencia definitiva de explotación puede abrir una disputa legal en la que, entre otras consideraciones, cabrá la discusión a fondo sobre la responsabilidad técnica en el accidente, un camino apenas abierto por la regañina del informe del CSN y que la propia empresa consideró suficientemente asumido con un mero cambio en la dirección del centro siniestrado.