La Dirección de Juego, acusada de boicotear las investigaciones

La denuncia del sindicato ESAN Incluye casos oscuros que en su momento atrajeron el interés de la Ertzaintza (policía autonómica). La comunicación de las sospechas al director de Juego del Gobierno vasco provocó una extraña reacción. Mediante orden firmada el 11 de marzo de 1987, José Joaquín Portuondo se reservó personalmente todas las 1. actividades de control, inspección, revisión e investigación" sobre el número de tragaperras.A renglón seguido, en la misma orden, el director de Juego delega tales facultades en sólo dos ertzainas de máxima confianza. Ambos se encuentran envueltos en asuntos turbios. Uno de ellos, Juan Miguel Campoy, está encausado por el Tribunal Superior vasco como presunto autor material de las escuchas telefónicas ilegales al presidente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garalkoetxea.

El otro, Altor Alcalde, fue objeto de expediente en la consejería por apropiación indebida de fondos. El expediente fue cerrado sin aclarar las acusaciones, según el sindicato de la Ertzaintza ERNE, que ha exigido oficialmente su reapertura. El efecto de la decisión de Portuondo fue apartar de las investigaciones a los ertzainas demasiado curiosos o celosos de su tarea. Algunos fueron excluidos de la Brigada de Juego pese a tener la plaza en propiedad.

Uno de los casos que fue objeto de investigación, luego boicoteada por la Dirección de Juego en opinión de los sindicatos, reviste "carácteres verdaderamente milagrosos", según un ertzaina conocedor del asunto. Se trata de la transmisión de 100 tragaperras con sus correspondientes licencias por la empresa de Guipúzcoa Atotxa a la firma Euskomak.

"Pese a constar que las máquinas vendidas a Euskomak eran el parque total de Atotxa", relata el ertzaina, 1a vendedora siguió operando con el mismo número de máquinas y licencias. Es como la multiplicación evangélica de los panes y los peces".