Una carta social no vinculante

F. M. / I. C., Los jefes de Estado y de Gobierno de 11 Estados miembros (sólo se opuso el Reino Unido) adoptaron ayer la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. "No se trata de un programa estrictamente comunitario por definición, sino de acuerdos nacionales", explicó François Mitterrand. El acuerdo supone un compromiso político, pero representa un paso atrás sobre el intento frustrado de la cumbre de Madrid, ya que el texto no es vinculante y servirá sólo de "referencia para atender mejor en el futuro a la dimerisión social en la evolución de la Comunidad".

Margaret Thatcher justificó su oposición porque "algunas medidas de la carta provocarían en el Reino Unido la pérdida de millón y medio de empleos". Rechazó también que el acuerdo pueda ser considerado un compromiso del Consejo Europeo. al no haber unanimidad de todos los Estados de la CE. Sin embargo, admitió que el Reino Unido asume la dimensión social de la Comunidad Europea. El rechazo a este texto obedece a que, a su juicio, no va sino a aumentar los costes sociales y a dificultar la creación de nuevos puestos de trabajo.

La objeción británica iba dirigida especialmente a contestar otro párrafo de las conclusiones en el que se dice que el Consejo Europeo torria nota del prograrna de acción sobre la aplicación de la carta" e invita al Consejo a deliberar sobre estas propuestas, cuya puesta en práctica se hará respetando las competencias nacionales y comunitarias". Esta precisión deja en manos de los Gobiernos la adopción o no de muchos (le los principios de la carta, entre ellos los del salarlo mínimo o una renta justa garantizada en toda la Comunidad.

La Comisión Europea tiene limitado su poder de iniciativa prácticamente a la mejora de la seguridad e higiene en el trabajo. Sus ruturas propuestas para garantizar la participación de los trabajadores en las multinacionales y en las grandes empresas europeas se encontrarán con la oposición de diversos gobiernos, en especial el británico.