Sombras gibraltareñas

LA RECOMPENSA otorgada por el Ministerio del Interior a los 22 policías españoles que siguieron las peripecias en territorio español del comando del IRA cuyos integrantes fueron muertos por fuerzas especiales en Gibraltar constituye el reconocimiento explícito, un año después, de que su actuación fue correcta. Algo que fue puesto en duda entonces por los agentes británicos que abatieron a los terroristas y que les sirvió de coartada ante la justicia gibraltareña para conseguir su exculpación penal.Con toda seguridad la decisión española no va a tener ningún efecto sobre un episodio respecto del cual ya existe un pronunciamiento judicial. Ello no quita, sin embargo, para que constituya un mentís radical de la versión oficial británica y cuestione seriamente el fundamento del fallo exculpatorio emitido por el jurado de Gibraltar. Pero no solamente quedan malparados los responsables de la policía británica. También los del Ministerio del Interior quedan en entredicho con su tardío reconocimiento del correcto proceder de la policía española.

Si ésta localizó y siguió en todo momento a los terroriátas del IRA e informó convenientemente de ello a los agentes británicos, ¿por qué los responsables policiales españoles admitieron que éstos montaran una versión basada en el supuesto de la deficiente colaboración española? La exculpaciówde los agentes británicos se basó fundamentalmente en dos puntos: que la presencia de los terroristas pilló de sorpresa a los agentes británicos y que éstos pensaron en todo momento que estaban armados. Ambas circunstancias habrían justificado, según el juez gibraltareño que enterró el caso, la desproporcionada reacción de las fuerzas especiales ante los desarmados activistas. Pero, según señala ahora la policía española, ambas afirmaciones eran falsas: las autoridades de nuestro país habían informado a las británicas del paso de los terroristas a Gibraltar y de que éstos iban desarmados. El silencio de entonces alimenta con razón la sospecha de una grave complicidad entre ambas policías con el reprobable propósito de confundir al jurado.

Al final todo este oscuro episodio pone en evidencia las fallas y contradicciones de la colaboración contra el terrorismo cuando se la reduce a la exclusiva dimensión policial. En el caso de Gibraltar no sólo ha sido posible articular testimonios policiales no suficientemente contrastados ante la justicia, sino que ha hurtado a su conocimiento aquellos otros que podían cuestionar el fundamento de los anteriores. Aprovechando que el acto protocolario de entrega de unos premios ha permitido conocer oficialmente la versión española de los hechos, nuestras autoridades podrían haber explicado igualmente las razones por las que el Ministerio del Interior no permitió que los agentes españoles declarasen ante el jurado que se pronunció sobre los hechos en Gibraltar. Los policías británicos han salido con bien de la investigación judicial, pero las dudas sobre la legalidad de su actuación no hacen sino aumentar, lo que puede dañar seriamente los fundamentos morales de la lucha internacional contra el terrorismo.