San Fernando establece una moratoria en las licencias a las extractoras de grava

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no concederá la preceptiva licencia municipal de apertura a aquellas empresas que pretendan dedicarse a la extracción de grava en su territorio hasta que la Comunidad de Madrid no realice un estudio en profundidad sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente que producen estas extracciones y se articulen medidas correctoras oportunas. Según datos del Ayuntamiento, las graveras de la zona han sufrido un grave deterioro.

Esta moratoria municipal forma parte de un paquete de propuestas tendentes a recuperar para uso agrícola y recreativo las riberas de los ríos Henares y Jarama a su paso por San Fernando, que fueron aprobadas por unanimidad en el último pleno de la corporación. Según datos recopilados por el Ayuntamiento, la comarca de los ríos Henares y Jarama, comprendida entre las carreteras nacionales II y III, de 20 kilómetros de extensión, soporta "una fuerte presión medioambiental", causada por las 13 zonas de extracción de grava allí ubicadas. Éstas generan una producción de cinco millones de toneladas por año y la superficie afectada es de 520 hectáreas, de las que 100 se encuentran en el término municipal de San Fernando."Las explotaciones de áridos, generalmente situadas muy próximas a las orillas de los ríos, degradan el terreno sobre el que se asientan, alteran el paisaje, eliminan la vegetación y el suelo fértil y contaminan los acuíferos que ellas mismas crean al profundizar por debajo del nivel freático del suelo", señala Enrique Guerra, alcalde comunista de San Fernando. Guerra asegura que esta comarca es la más castigada de la comunidad en aspectos medioambientales, "con instalaciones tan degradantes como la base aérea de Torrejón, los depósitos de Campsa, el gasoducto Rota-Zaragoza, y el aeropuerto de Barajas".

Según Guerra, la política de la Comunidad es contradictoria. Mientras la Consejería de Política Territorial "incluye esta zona como espacio a proteger, prohibiendo los usos que interfieran las actividades agrícolas o que alteren el perfil del suelo, la Dirección General de Industria concede indiscriminadamente licencias con un criterio meramente administrativo, comprobando tan sólo la corrección de los argumentos que aportan las empresas sin tener en cuenta dónde se van a instalar".