Constituida una asociación para defender la salud de los no fumadores

Una asociación de no fumadores constituida recientemente en Barcelona ha anunciado el inicio de una campaña de recogida de 500.000 firmas para promover un cambio en la legislación antitabaco actualmente vigente. La asociación promoverá un proyecto de ley de iniciativa popular destinada a proteger los derechos y la salud de los no fumadores, que se ven obligados a respirar contra su voluntad el humo del tabaco que fuman los demás.

La propuesta de ley planteará la obligatoriedad de que todos los establecimientos públicos, incluidos bares y restaurantes, tengan una zona reservada para los no fumadores. También planteará la prohibición total de la publicidad sobre el tabaco, ya que las actuales restricciones son fácilmente sorteadas mediante publicidad indirecta.

La asociación, inscrita con el nombre de Coordinadora para el Análisis sobre el Tabaquismo y la Salud (CATS), se constituyó hace unos meses en Barcelona y su principal objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre los daños que causa el tabaquismo. "El CATS no pretende ir contra los fumadores, porque ellos son los primeros en sufrir las consecuencias de un hábito impulsado por intereses macroeconómicos, ajenos a los ciudadanos", precisa el psicólogo Enric Castellví, presidente de la asociación.

Leyes incumplidas

En España mueren cada año más de 30.000 personas por enfermedades que tienen como causa principal el tabaco. Por eso, el primer objetivo de la asociación es "promover el conocimiento y divulgación de los intereses económicos que hay detrás de la venta de tabaco", impulsar campañas de información y facilitar cursos de formación especializada a quienes estén interesados.Aunque en los últimos años está cambiando la tendencia y el fumar comienza a ser ya motivo de desprestigio en los medios sociales de mayor cultura, la falta de sensibilidad de la opinión pública impide todavía, según Enric Castellví, que pueda cumplirse siquiera la actual normativa.

La Generalitat ha impulsado una legislación en Cataluña más severa que en el rest6de España, pero el grado de incumplimiento es todavía elevado, según ha reconocido el propio conseller de Sanidad, Josep Laporte, uno de los más firmes impulsores de la lucha antitabaco.

La Generalitat ha impuesto sanciones a diversas empresas publicitarias por incumplir la normativa sobre drogodependencia, pero estas sanciones han demostrado que resulta muy barato incumplir la ley, ya que la multa máxima es de 100.000 pesetas, cantidad irrisoria comparada con los presupuestos destinados a las campañas publicitarias. Mayor incumplimiento se aprecia todavía en el resto de España: "Para que la ley sea eficaz debe establecer en primer lugar mecanismos que impidan el in. cumplimiento de la normativa, y si, a pesar de ello, llega a ser incumplida, las sanciones deber ser mucho más severas", concluye Enric Castellví.