El Estado deberá devolver 1.000 millones de pesetas a los casinos

La Administración no podrá sancionar en materia de juego mientras no exista una ley que regule las infracciones en este sentido y sus respectivas multas, según se deduce de una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado de abril, conocida ayer. Fuentes de la Asociación Española de Casinos consideran que si se recurren todas las multas impuestas hasta el momento, el Estado habrá de devolver a las empresas propietarias de casinos una cantidad cercana a los 1.000 millones de pesetas.La sentencia del alto tribunal estima que procede conceder el amparo solicitado por el casino de Mallorca, que recurrió contra una sanción de 250.000 pesetas, ya que dicha sanción no tiene cobertura legal constitucional.

Los fundamentos jurídicos de la sentencia establecen que el legislador debe "regular por sí mismo los tipos de infracción administrativa y las sanciones correspondientes en la medida necesaria para dar cumplimiento a la reserva de ley" prevista en el artículo 25.1 de la Constitución.

Las multas impuestas en materia de juego venían dadas hasta ahora no por una ley, sino por decretos, órdenes ministeriales o reglamentos administrativos.

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