La Junta de Extremadura estudia la expropiación de 4.595 hectáreas de fincas

La Junta de Extremadura, a través de su Consejo de Gobierno, que se reunirá mañana, sábado, con carácter extraordinario, podría proceder a la expropiación de 4.595 hectáreas, de las que 3.787 corresponderían, al parecer, a la finca denominada Valero, propiedad de Rocío Falcó y Fernández de Córdoba, condesa de Berandevilla, hermana de Carlos Falcó, marqués de Griñón.Otras dos fincas que podrían ser igualmente expropiadas son El Verdugal, de 110 hectáreas de regadío, en el término municipal de Pasarón de la Vera (Cáceres), y Arguijuela, de 690 hectáreas de secano, entre Zarza de Alange y Alange (Badajoz).

El Gobierno regional extremeño, de confirmarse estas expropiaciones, aplicaría por primera vez en España la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, aprobada en 1979 por el Gobierno de UCD.

Las expropiaciones se realizarían después de seguirse toda la normativa contemplada en la ley al entender el Gobierno regional que no se ha cumplido en ninguna de las tres fincas el plan de mejora impuesto durante tres años. Las expropiaciones afectarían solamente al uso y disfrute y no a la propiedad, por un período de 12 años.

El decreto podría aparecer publicado el próximo lunes, y a partir de, ese momento los propietarios tendrían que proceder al arriendo forzoso de sus fincas a la Junta de Extremadura, que, a su vez, podría subarrendarlas a través de un nuevo decreto en el que se especificaría el orden de preferencias para poder ocuparlas.

La finca Valero, de 3.787 hectáreas, está considerada como uno de los paraísos de caza mayor con cerramiento en un amplísimo número de hectáreas que ha permitido salvaguardar su riqueza cinegética de la presencia de cazadores furtivos. En este coto son habituales las monterías con presencia de destacadas personalidades de la vida política, la aristocracia y la jet-set. La primera visita de oficio a esta finca se realizó con la entrada en vigor de la ley de fincas manifiestamente mejorables, siendo entonces su propietaria Gilda Fernández de Córdoba, condesa de Montellano, madre de Carlos y Rocío Falcó, quien es, al parecer, su actual propietaria.

En aplicación de la ley, la propiedad estableció, de acuerdo con el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), un plan de mejoras a tres años. La expropiación se podría producir ahora porque, a juicio del Gobierno regional, ese programa de actuación no se cumplió totalmente, si bien técnicos del IRYDA podrían haber sugerido que no se llegara a la expropiación por entender que el plan de mejora ha cubierto un 85% de sus previsiones, con inversiones que oscilarían entre los 12 y 14 millones de pesetas.