Ledesma plantea a los letrados del Estado mejorar la defensa de la Administración

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, ha convocado para hoy a los 20 letrados jefes de los servicios jurídicos del Estado ante los tribunales para potenciar la asistencia procesal y la defensa de las administraciones públicas. El reciente paso a Justicia de los servicios consultivos y contenciosos que se encontraban residenciados en el Ministerio de Economía y Hacienda ha aconsejado al titular del departamento de Justicia impulsar una mejor defensa del Estado ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, las 16 audiencias territoriales y los tribunales de Tenerife.

Junto a los letrados jefes del Estado ante cada uno de estos tribunales, asistirán a la reunión el director general del Servicio Jurídico del Estado, José Luis Gómez-Dégano, y el subdirector general de los Servicios Contenciosos, Pedro Narciso Menchén Herreros. La reunión se celebra como consecuencia de la profunda reestructuración de los servicios consultivos y contenciosos, encargados del asesora miento y de la representación y defensa enjuicio del Estado, llevada a cabo por sendos decretos de junio de 1985. Previamente, los antiguos cuerpos de letrados del Estado, entre ellos los abogados del Estado, fueron unificados en un cuerpo único por la ley de la Función Pública.Los reunidos examinarán los principales problemas derivados de la reorganización. El ministro de Justicia planteará, según fuentes oficiales de su departamento, un plan de actuaciones encaminado a potenciar la asistencia procesal de las administraciones públicas. Entre otras iniciativas, se dotará a los servicios de nuevos medios personales y materiales y se establecerá una relación estrecha y directa entre las autoridades y representantes de los órganos estatales y entidades defendidas y los letrados del Estado que los defienden. Para una mejor protección del interés público, Ledesma propondrá una colaboración activa del servicio con los tribunales de justicia, a fin de facilitar y acelerar la actividad de estos en los litigios y recursos, cada vez más numerosos, en los que es parte el Estado y sus organismos autónomos. También se impulsará la colaboración entre los letrados.