El Parlamento argentino aprueba por unanimidad una ley antigolpe

Quienes se rebelen contra la Constitución con el fin de cambiar "de modo permanente" el sistema de gobierno podrán ser condenados en Argentina hasta a 25 años de prisión, según la ley de Protección del Orden Constitucional y Defensa de la Democracia, aprobada en la noche del jueves por el Parlamento de Buenos Aires, a propuesta del Gobierno de Raúl Alfonsín.Una de las peculiaridades del texto aprobado por unanimidad por los senadores -anteriormente ya lo había sido por los diputados- es que las penas mínimas se elevarán en un tercio si los rebeldes o golpistas son militares.

Según la nueva normativa, se aplicarán penas mínimas de entre 5 y 15 años para quienes se alcen en armas para cambiar la Constitución democrática, intenten derribar a alguno de los poderes públicos o pretendan impedir el ejercicio del poder del Gobierno o la renovación de éste en el plazo y forma legales.

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