Secuelas de la inmigración

Si la seguridad ciudadana es un asunto que se presta a fáciles demagogias, no menor riesgo supone la acción destinada a proteger al ciudadano. Es dentro de este contexto que debe entenderse la reciente medida de expulsión de Barcelona de otros 15 extranjeros sin permiso de trabajo.Cuando el paro, según las últimas estimaciones, afecta en España al 18,57% de la población activa, parece lógico que las autoridades se planteen seriamente la protección del propio mercado laboral, como ocurre en cualquier país civilizado del mundo. El extranjero indocumentado que aterriza en una ciudad como Barcelona suele ser presa fácil de empresarios desaprensivos y de turbias mafias que trafican con lo que algunos han llamado refugiados del hambre, un mercado mucho más lumpen, si cabe, que el del parado español. La citada medida puede merecer esta primera reflexión: los inmigrantes extranjeros que llegan a un país como el nuestro, inmerso en una grave crisis económica y laboral, deben tener conocimiento de las dificultades que supone la consecución de un puesto de trabajo, con anterioridad a su venida a España.

Este tipo de actuaciones, sin embargo, puede tener, si no va acompañado de claridad en el terreno legislativo y, sobre todo, de la actuación enérgica sobre esas mafias que trafican con la miseria humana, una vertiente peligrosamente egoísta. ¿No hemos oído tantas veces las quejas de los emigrantes españoles en Europa sobre su discriminación en esos lugares? Hay que esperar de los actuales gobernantes suficiente sensibilidad como para equilibrar esa difícil balanza, y que la protección de los españoles no suponga la discriminación de otros seres humanos.( ... )

19 de marzo