Persiste el desacuerdo entre las facciones libanesas sobre la aconfesionalidad del Estado
En un clima casi febril, cargado de incertidumbre y expectación, las nueve delegaciones participantes en la Conferencia de Reconciliación Nacional Libanesa comenzaron, a últimas horas de la tarde de ayer, su sexto día de discusión y trabajo, a la búsqueda de un compromiso final que podría ser histórico, según manifestaciones del presidente Amín Gemayel. El desacuerdo se cifra en el grado de desconfesionalización del Estado y su compatibilidad con la idea, en principio aceptada, de una distribución a partes iguales de los escaños entre cristianos y musulmanes en la Asamblea Nacional.
El documento, preparado por la comisión de expertos en las últimas 48 horas, está todavía por hilvanar. Según ciertas versiones oficiosas, el texto se limita a enumerar las reivindicaciones de cada bando sin entrar en las cuestiones políticas de fondo. El borrador comenzó a ser examinado a últimas horas de la tarde por los jefes de delegación, y en principio se prevé que las discusiones se prolonguen durante el fin de semana.En un último intento de diálogo y compromiso, Amín Gemayel ha multiplicado durante las últimas horas los contactos privados con cada uno de los líderes político-confesionales. Walid Jumblat, líder de los drusos, y Nabih Berri, jefe de las milicias chiitas Amal, reconocieron al término de sus respectivas entrevistas que la conversación había sido "constructiva", pero mantenían todas sus exigencias, y en particular la "necesidad de abolir la confesionalidad del Estado".
Los puntos que por ahora figuran como más o menos definitivos son: la reorganización del Ejército y las fuerzas de seguridad, el retorno de los refugiados civiles que huyeron de las hostilidades, la consolidación de cese el fuego, la redistribución de los escaños en el Parlamento sobre una base equitativa para las comunidades cristiana y musulmana, la creación de un Senado y la descentralización administrativa. Los temas todavía pendientes serían: la designación del Ejecutivo, la desconfesionalización del Estado, la reforma de las leyes electorales, la redefinición de los poderes del presidente, la reducción de su mandato y la abolición de los ¡privilegios confesionales de la comunidad cristiano-maronita.
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