En la renovación del Tribunal Constitucional no pesa la cercanía de la 'sentencia Rumasa', según el PSOE

La aceptación por el PSOE de las tesis de Alianza Popular sobre la renovación del Tribunal Constitucional nada tiene que ver con la proximidad de la sentencia sobre el caso Rumasa por parte de este tribunal, según dijeron ayer medios cercanos al Gobierno. En círculos de la Coalición Popular se difundió ayer que la marcha atrás de los socialistas en el tema se debía a un intento de apaciguar los ánimos, tanto del Tribunal como de la oposición, ante la inminencia de la sentencia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la expropiación del grupo de empresas de José María Ruiz-Mateos. Igualmente, el Gobierno trataría de atacar posibles acusaciones en este terreno ante el debate del próximo día 20, según medios del Grupo Popular.El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Javier Sáenz Cosculluela, informó en la noche del jueves, tras una reunión de su grupo, de que el PSOE y el Gobierno aceptaban la tesis de mantener a los cuatro miembros del Tribunal Constitucional a los que correspondía ser renovados. Hasta el jueves, la postura socialista consistía en renovar el mandato a dos de los magistrados y elegir a otros dos nuevos, lo que fue combatido por la, práctica totalidad de los restantes grupos parlamentarios del Congreso. La tesis del Grupo Popular era que debía mantenerse o cambiarse a los cuatro magistrados, y no solamente a dos. Ello originó una controversia política que se extendió durante nueve meses, llegándose a un callejón de difícil salida, ya que se necesitan 208 votos en la Cámara para tomar una decisión.

El caso de la LOAPA

En agosto, el Tribunal Constitucional falló en contra de la constitucionalidad de algunos artículos de la LOAPA, la que fue inmediatamente interpretado como un serio aviso jurídico al Gobierno de Felipe González. Todos los medios políticos coincidían en que estaba también cercana la fecha en la que el tribunal debía dictaminar sobre la constitucionalidad del decreto de expropiación de Rumasa.

Fuentes gubernamentales admitieron, en privado, la existencia de "cierto nerviosismo" ante el contenido de la sentencia, que, de ser negativa, podría convertirse en un formidable arma en manos de la oposición. Medios jurídicos atribuían una cierta división en el seno del tribunal en torno al tema, que, se especula, podría zanjarse declarando inconstitucional el decreto, pero no la ley posterior dictada por el Gobierno, lo que convertiría en irreversible la medida dictada -el pasado 23 de febrero contra Ruiz-Mateos.

En todo caso, el acuerdo por el que los socialistas le avienen a las pretensiones de la oposición parece haberse adoptado durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE del viernes 9, y fue ratificado en el encuentro del Grupo Parlamentario Socialista del pasado jueves. "Detener por más tiempo la normalización del Tribunal Constitucional nos parecía contra producente", dijo ayer Sáenz Cosculluela para explicar el cambio de posición del PSOE, "cuando empieza un nuevo período de sesiones". La fórmula de mantener a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional será votada en el pleno del día 27.