Alzaga propone tipificar como delito la escucha telefónica

El Grupo Parlamentario Popular presentó ayer ante la Mesa del Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el vigente Código Penal, en el sentido de tipificar como delito la interceptación de comunicaciones telefónicas cuando no medie resolución judicial previa, expresamente motivada, que la ordene.

La iniciativa de Óscar Alzaga se complementa con otra que solicita, hasta tanto entre en vigor la futura ley, la creación de una comisión de investigación sobre escuchas telefónicas. Para ambas propuestas se solicita la tramitación urgente.La pena que propone el Grupo Popular para los reos de este nuevo delito es arresto mayor, esto es, de un mes y un día a seis meses de cárcel. Para el caso de que la conducta delictiva se realizare u ordenare por autoridad se propone la pena en su grado máximo, además de inhabilitación absoluta, y en ningún caso será aplicable la eximente de obediencia debida. La pena se elevará a la de prisión menor -de seis meses y un día a seis años- cuando la persona a la que se intercepte el teléfono esté amparada por el secreto profesional.

De acuerdo con la línea argumental expuesta por Óscar Alzaga el miércoles pasado ante el Pleno del Congreso, al preguntar al ministro del Interior sobre esta materia, en la justificación de esta iniciativa, se afirma que "la colocación indiscriminada y arbitraria de escuchas telefónicas" viola el secreto de las comunicaciones constitucionalmente consagrado, pilar básico del sistema democrático. En consecuencia, estima necesaria la tipificación penal de los hechos contrarios al ejercicio del mencionado derecho fundamental, "con especial referencia a aquellos casos en que tales escuchas pretendan ser introducidas torticeramente por determinadas autoridades gubernativas".

Modesto Fraile, uno de los dirigentes del Grupo Popular, declaró a este periódico que, ante la importancia de esta iniciativa, confiaba en que el Gobierno la atenderá, aunque no podrá ser debatida hasta después de las vacaciones de verano. Hasta tanto se aprueba la ley, proponen que se cree una comisión parlamentaria para investigar tanto a la Administración como a los responsables de la Compañía Telefónica, que el Gobierno dé instrucciones al fiscal general del Estado para el esclarecimiento de las escuchas y que intervenga el Defensor del Pueblo.