La Diputación Provincial pide la anulación del plan parcial de Ciudad 2.000

La Diputación Provincial ha interpuesto recurso de alzada ante el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, por el que solicita la anulación del plan parcial de ordenación de Ciudad 2.000, que afecta a los términos municipales de Meco y Alcalá de Henares. El decreto presidencial disponiendo la interposición del recurso fue dado a conocer en un pleno celebrado ayer.El plan parcial de Ciudad 2.000 tiene su origen en 1972, cuando se aprobaron las bases para la adjudicación de grandes actuaciones urbanísticas, conocidas popularmente como urbanismo concertado. El 25 de noviembre de 1976, la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco), aprobó definitivamente el plan parcial. Sin embargo, el 22 de enero de 1979 la Audiencia Nacional falló una sentencia en favor de la sociedad Hispano Suiza de Cementos, quien había denunciado que muchas de las viviendas previstas en el plan iban a construirse a menos de los 2.000 metros del área de protección de la fábrica.

La Diputación Provincial, para su recurso, se apoya en otros argumentos que, en su opinión, invalidan tanto la aprobación definitiva del plan parcial como la legitimidad de su tramitación. En primer lugar, se señala que, según la normativa vigente, cuando un plan parcial afecte a más de un término municipal será la propia Diputación la encargada de su tramitación y aprobación, aspectos que corrieron a cargo de Coplaco.

El pleno extraordinario celebrado ayer para debatir la política educativa y la gestión del colegio de San Fernando, perteneciente a la Diputación Provincial, provocó una larga polémica entre los partidos de izquierda y UCD. Emiliano Rodriguez, portavoz del grupo centrista, expuso que su partido estaba de acuerdo con las líneas generales de dicha política educativa, pero que los resultados, por la incapacidad de la izquierda para llevarla a la práctica, habían originado una degradación de la calidad de la enseñanza. Enrique Castellanos, diputado centrista fue más lejos, y acusó a la actual dirección del colegio y al PSOE y PCE de conductas antidemocráticas, designación a dedo de los puestos directivos y otras cuestiones igualmente graves.

El colegio de San Fernando

La izquierda rebatió las afirmaciones de UCD, y reprochó veladamente que no plantearan estos problemas en el consejo de administración del centro, sin duda para utilizar la resonancia que logran los plenos de la Corporación, y afirmaron que el señor Castellanos era el menos apropiado para denunciar nada, puesto que la situación en el colegio era peor cuando él ocupaba la Presidencia.