El Gobierno autónomo respalda actuaciones municipales sobre el eusquera

El Gobierno vasco considera legítima y conforme con el ordenamiento legal la valoración que del conocimiento de la lengua vasca pueden hacer las corporaciones locales o provinciales para la contratación de nuevo personal, según una nota de la Presidencia del Ejecutivo de Euskadi.El pronunciamiento de la Presidencia ha sido motivado por la anulación gubernativa de un acuerdo del Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa), cuya comisión permanente decidió atribuir una determinada puntuación al dominio del eusquera, a nivel de conversación, en el concurso para cubrir una plaza de bibliotecario.

Para el alcalde de Andoain, José Antonio Pérez, de Euskadiko Ezkerra (EE), la anulación resulta incomprensible, si se tiene en cuenta además que se basa en una pretendida defensa de la igualdad entre los españoles y del derecho al empleo del castellano. «Nosotros somos conscientes de que el eusquera no puede ser recuperado presionando a nadie », declaró la primera autoridad municipal a EL PAIS, y nunca hemos olvidado que la mitad de la población de Andoain es castellanohablante. «Sin embargo, la situación de disglosia es tal que el 50% restante apenas utiliza su lengua en el 15% de las conversaciones, según estudios de que disponemos. Para poner fin a este estado de cosas debemos impulsar los medios de formación popular, si en una biblioteca parte de los volúmenes son en lengua vasca, nada más normal que favorecer el conocimiento del eusquera por parte del bibliotecario».

Desde un punto de vista más general, la Presidencia del Gobierno vasco estima que el Ayuntamiento de Andoain ha actuado correctamente, por lo que resulta improcedente la suspensión del acuerdo «y el que se presente sistemáticamente como discriminatorio cualquier acuerdo de la Administración vasca tendente a salvaguardar y fomentar el eusquera, creando la confusión y el recelo en el funcionariado actual y futuro».

En cuanto a las bases legales de su posición, la Presidencia del Gobierno vasco recuerda los apartados del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en los que se garantiza el derecho a usar el vascuence como idioma oficial de la comunidad autónoma «y como expresión de su identidad nacional», así como los medios precisos para el ejercicio de este derecho. También rechaza la apelación del Gobierno Civil a leyes como la de Administración Local y el Estatuto del Funcionario, «por su inadecuada aplicación a circunstancias no contempladas por ellas», como el reconocimiento posterior de la cooficialidad de la lengua vasca.