Desigual repercusión en la huelga nacional de taxis

La huelga nacional de taxis, convocada por los empresarios de la Unión Nacional de Autopatronos del Taxi (UNAT) en contra de la reglamentación nacional del sector, que consideran antidemocrática y anticonstitucional, tuvo un eco muy desigual según las provincias.

El paro, según datos de la patronal que hizo la convocatoria (que afirma agrupar a 60.000 de los 80.000 taxis españoles), fue absoluto en Galicia (con excepción de La Coruña capital), Castilla, León, Valencia y Zaragoza. En Barcelona y en Madrid afectó al 70% de los vehículos. La UNAT añade que el 90% de los taxistas secundaron ayer el paro a nivel nacional.

Incidentes en Madrid

La acción de protesta consistió en la celebración de asambleas permanentes de los patronos del taxi en todos los puntos. En Madrid, sin embargo, el gobernador civil había desautorizado expresamente la celebración de la mencionada asamblea. Al intentar los taxistas llevarla a cabo, la Policía Nacional -según nota del Gobierno Civil- se vio obligada a intervenir para disolver a los concentrados. La policía, siempre según la nota oficial, detuvo a catorce taxistas (seis pasaron a disposición judicial y ocho fueron puestos en libertad tras imponérseles una multa de 10.000 pesetas), como consecuencia de las acciones represivas contra piquetes coactivos de huelga. También han sido sancionados cincuenta titulares de licencias por perturbar el orden público en la calle García Morato, sede de la patronal del taxi.

El servicio de taxis en Madrid, según notas del Ayuntamiento y del Gobierno Civil, funcionó con toda normalidad salvo los incidentes reseñados. Fuentes de los sindicatos del sector y de la agrupación de autónomos informaron, asimismo, que la convocatoria de los patronos había tenido escaso eco. La UNAT, por su parte, criticó la acción de la policía, «que entró sin mandato judicial en nuestra sede y nos desalojó a punta de metralleta», y reafirmó su intención de repetir la acción de protesta los próximos días 27 y 28.

Oposición al reglamento del taxi

Los empresarios, según informó a EL PAÍS su presidente, Miguel Otero Vega, se oponen al reglamento del taxi porque es «antidemocrático, al haberse elaborado a nuestras espaldas, y anticonstitucional, pues la Constitución reconoce la libre empresa».