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El Constitucional, la última carta para recuperar la celosía de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Una plataforma ciudadana recurre ante el tribunal de garantías porque tres sentencias a favor no han logrado que la Iglesia repare el daño al monumento

Mezquita Cordoba

El Cabildo de Córdoba desmanteló en 2017 una de las cuatro celosías de la Mezquita-Catedral para que las procesiones de Semana Santa cupieran a través de sus arcos. A pesar de su extrema protección como Patrimonio Mundial y Valor Universal Excepcional, la Iglesia alteró el monumento con el visto bueno del Gobierno andaluz y desarmó la excepcional celosía que el arquitecto Rafael de la Hoz realizó en 1972. Tres sentencias, la última del Tribunal Supremo en 2021, no han logrado que se restaure el enrejado de madera noble a pesar de que la justicia declaró nula la autorización de la Junta. Ahora la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para lograr que ejecute la sentencia y revierta el monumento a su estado original anterior a 2017 en la fachada que da al Patio de los Naranjos.

“Tras inmatricular el monumento, el anterior obispo de Córdoba se empoderó. Una de sus acciones fue intentar trasladar la carrera oficial de la Semana Santa a la Mezquita-Catedral. La celosía era un obstáculo para ello. Al estar protegida, se necesitaba el permiso de la Junta. Los sectores favorables a este cambio presionaron a la Junta y, una vez permitida, a la gerencia municipal con el argumento de que prevaricaría si no la autorizaba”, recuerda Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la plataforma y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba.

El hijo del autor de la celosía, Rafael De la Hoz Castanys, también arquitecto, recurrió ante la justicia y ganó por tres veces el pleito contencioso-administrativo, incluido el escalón del Tribunal Supremo, que dictaminó que el Ejecutivo andaluz había infringido dos leyes de patrimonio. Sin embargo, casi cinco años después, la última sentencia no se ha ejecutado y por eso la plataforma ciudadana ha recurrido ante el tribunal de garantías, para que obligue al juez Antonio Salmoral, titular de lo Contencioso Administrativo 4 de Córdoba, a ordenar al Cabildo a desempolvar la celosía, si es que no ha sido destruida.

La demanda de amparo, presentada hace una semana ante el Constitucional, subraya la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haberse anulado la autorización de la Junta andaluza para hacer desmantelar la celosía, pero no recuperarla, y por tanto no cumplir la sentencia. “Es una realidad manifiesta, palpable y evidente: ni entonces, ni a día de hoy, la celosía indebidamente retirada ha sido repuesta, de modo que el acto anulado mantiene efectos visibles y persistentes en el monumento, que se encuentra, mutilado a ojos de toda la humanidad, que es su titular”, destaca el escrito. La celosía ya formaba parte del conjunto histórico cuando fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984, así como su ampliación a Patrimonio de la Humanidad en 1994 y Valor Universal Excepcional en 2014.

Hace dos años el juez Salmoral abrió un incidente de ejecución de sentencia y después de admitir como personada a la plataforma ciudadana, la echó del procedimiento pese a su labor de protección del patrimonio histórico. En 2024 el Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA) alegó que la sentencia original no incluía de manera expresa que la celosía debía restaurarse y consideró que la vía judicial estaba agotada porque la Junta ya había anulado su autorización administrativa. El pasado noviembre el Supremo inadmitió un recurso de casación, de ahí el reciente recurso ante el tribunal de garantías.

“Perpetuar la negativa a que la inicial sentencia se cumpla de manera efectiva, material y real se antoja como cuestión claramente de alcance y trascendencia constitucional, pues sitúa a nuestro país como un lugar en el que es posible dañar, alterar o modificar sus bienes culturales más preciados, sin que los tribunales tengan capacidad de genuina respuesta (…) Resultaría inconcebible que ninguna persona física o moral retirara una de las cariátides del Partenón y que una sentencia se limitara a anular la licencia autorizante a tal despropósito sin solicitar la reposición de la excepcional estatua indebidamente retirada”, resume el escrito. Y para justificar su presencia como recurrente en el proceso, la plataforma recuerda el artículo 8 de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, que reconoce “la acción pública destinada a ensanchar la legitimación ciudadana en defensa del patrimonio histórico”: “Lo que es de todos a todos les afecta y a todos les debe interesar, con lo que todos deberían poder defenderlo ante la Justicia”.

Pablo Rabasco, patrono de la Fundación Arquitectura Contemporánea y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba, destaca el valor artístico hurtado a la Mezquita-Catedral: “Rafael de la Hoz volvió en 1972 a la idea original de la mezquita fundacional de apertura y relación con el patio, antes de que las arcadas se cerraran con la cristiandad en el siglo XIV. Es muy interesante porque dividía espacios, tamizaba la luz, permitía la ventilación, pero también tenía un componente religioso y social de no permitir la visión directa”.

La indignación entre los miembros de la plataforma ciudadana es patente: “Se ha cometido un atentado cultural muy grave contra un monumento protegido por la Unesco y los autores van a salir impunes. A la ciudadanía se le cierran las puertas para defender su propio patrimonio histórico y se le invita a que se desentienda del patrimonio. Mientras, en esta batalla subyace la obsesión de la Iglesia por visibilizar que el monumento es una catedral y no una mezquita”, censura Miguel Santiago, portavoz de la plataforma. Esta plataforma sitúa a la exconsejera andaluza de Cultura Rosa Aguilar ―exalcaldesa de Córdoba― como principal responsable de que el Gobierno andaluz ignorara las leyes de patrimonio para poner alfombra roja al Cabildo y que este retirara la celosía.

Rafael de la Hoz Castanys ganó el pulso jurídico hasta el Supremo, pero no pidió la ejecución de la sentencia. ¿Por qué? “Fue un movimiento táctico, porque creía que era más firme mi posición con la amenaza de pedirla. Temía que el juez dijera que había anulado el expediente y que no era de mi competencia, sino de la Junta. Fui prudente, le ofrecí diálogo al Cabildo, pero nunca llegamos a un acuerdo”, comenta por teléfono con sabor amargo. “Las sentencias contra el patrimonio no se pueden ejecutar y parece que todo el mundo se siente cómodo, incluidas las Academias de Bellas Artes”, censura.

Comparte esa crítica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, Julio González, que carga contra los jueces: “El contencioso-administrativo no está preparado para proteger el patrimonio histórico, no atiende a la naturaleza de los bienes con gran riesgo de daños y una recuperación difícil o imposible. En vez de esperar al final del pleito, debería adoptar medidas cautelares para suspender la ejecución del proyecto y meter a los bienes en una burbuja”. El experto jurista pone como otro ejemplo fallido por la justicia la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto y considera que la ley de patrimonio de 1985 es “muy suave” y carece de medidas cautelares para proteger el patrimonio histórico y artístico. El experto considera que en el caso de la Mezquita-Catedral, dada su relevancia monumental como edificio emblemático, debería ser competencia del Estado. “En este caso se vio el peso excesivo de la Iglesia y la presidenta Susana Díaz no fue especialmente activa en la protección del bien. Cuando separas las instituciones, le das un manto de objetividad y menos presión popular de los grupos de interés cercanos”.

El Cabildo cordobés prevé arreglar el muro norte donde estuvo la celosía, pero no su recuperación. “Es un tema que tiene poco recorrido”, responde un portavoz de la institución eclesiástica. El Gobierno andaluz (PP) lanzó hace un año una millonaria campaña turística que invitaba a tener un “flechazo” con la región, e incluyó imágenes de la celosía de la Mezquita-Catedral para incentivarlo. Este diario ha preguntado a la Consejería andaluza de Cultura y Deporte si prevé la restauración del enrejado de madera, pero no ha obtenido respuesta. Meses después de dicha campaña, en Córdoba nació la fundación Rafael de la Hoz, pero su celosía sigue sin restaurarse.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.
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