El trencadís y los platos rotos

No es noticia que las obras de Santiago Calatrava generen polémica. Pero el rechazo, tradicionalmente desactivado como envidia, que buena parte de sus trabajos despierta entre sus colegas arquitectos —que los tildan de escultóricos o “falleros”— adquiere otros tintes ahora que tantos de sus edificios demuestran haber corrido riesgos excesivos para ser asumidos por el bolsillo de la ciudadanía.

Esos riesgos , que eran interpretados como audacias cuando el arquitecto contaba con el favor de los políticos, han desembocado en reclamaciones con frecuencia iniciadas por el propio Calatrava por motivos económicos (en el caso del Palacio de Congresos de Oviedo) o por razones de autoría artística (como la pasarela Zubizuri en Bilbao). Las quejas delatan, sin embargo, el agravante de la reincidencia. Calatrava tiene problemas una y otra vez con el uso de materiales similares (suelos resbaladizos de elementos vítreos en los puentes de Bilbao, Murcia o Venecia). O cae y recae en la tentación de alardes técnicos, como dotar de movimiento el Palacio de Oviedo o la estación de Nueva York, para que terminen estáticos y con un presupuesto desbocado.

Así las cosas, los recurrentes problemas de Calatrava evidencian que el reto en arquitectura ha dejado de ser una cuestión de experimentación formal o técnica. El auténtico reto es asumir la responsabilidad de utilizar bien el dinero público. Y ese desafío deben asumirlo por igual las empresas constructoras —que deberían conocer lo que es y lo que no es posible construir—, el propio arquitecto —por proyectar para el Palau de les Arts un acabado cerámico sujeto sobre una cubierta metálica— y los políticos que permitieron el despropósito.

A Gaudí no se le caía el trencadís y —de la Ópera de Jørn Utzon en Sidney al Mercat de Santa Caterina de Miralles-Tagliabue en Barcelona— el mundo está lleno de espléndidos ejemplos de edificios cubiertos por piezas cerámicas que soportan sin problemas los cambios de temperatura.

Con todo, en este nuevo percance de Calatrava la mala noticia es también la buena. Que la Generalitat Valenciana se atreva a denunciar debería implicar que se atreve a ser transparente sin temor a que nadie tire de la manta de las comisiones que han caracterizado la burbuja arquitectónica española. Paradójicamente, es el reclamo de esos derechos lo que puede devolver la credibilidad y la confianza a una profesión maltrecha por la actuación de unos pocos. Puede que técnica e incluso artísticamente solo se avance arriesgando, pero socialmente se avanza asumiendo responsabilidades. El arquitecto, las constructoras y los políticos deben solucionar este problema. Y dejar claro quién va a pagar los platos rotos.