Investigadores denuncian en ‘Science’ los controvertidos estudios de Madrid y Andalucía para validar la captura de aves cantoras

Una veintena de investigadores han publicado una carta en la revista Science de esta semana en la que denuncian los controvertidos estudios para la captura de aves cantoras financiados por los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. Esos trabajos avalados por la Universidad de Alcalá (Madrid), buscan, supuestamente, analizar de forma científica la viabilidad de estas capturas, como quieren los aficionados al silvestrismo, práctica consistente en moldear el canto de especies como jilgueros, pardillos o verderones —de la familia de los fringílidos— para competir en concursos. Sin embargo, como publicó en noviembre EL PAÍS, el responsable de estas investigaciones es Pablo Luis López, un ingeniero de Telecomunicaciones del centro alcalaíno, con una larga tradición familiar de silvestristas (antes que él también lo fueron su padre, su abuelo y su bisabuelo), que ha sido delegado de la Federación Madrileña de Caza y que fue premiado en 2023 por los cazadores por su labor en el área del silvestrismo.

En la carta publicada en Science, científicos y ornitólogos dedicados al estudio de las aves se quejan del mal uso de la ciencia para tratar de justificar estas capturas. Y denuncian que estas investigaciones apoyadas por los gobiernos de Madrid y Andalucía “carecen de transparencia metodológica, supervisión independiente y publicación abierta de datos, todos ellos requisitos fundamentales para una ciencia reproducible y fiable”.

Como inciden los firmantes de la carta, científicos de entidades como la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla o el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, entre otras entidades, estas capturas están prohibidas por la Directiva Aves de la Unión Europea desde 2009. Sin embargo, entre 2013 y 2018, alrededor de 1,7 millones de fringílidos fueron atrapados en España mediante permisos de caza concedidos por gobiernos regionales que hicieron “la vista gorda” ante la legislación europea.

“En 2018, tras largos conflictos con asociaciones de cazadores que defendían esta práctica como un derecho ancestral, todos los gobiernos autonómicos de España acataron finalmente las normas de UE”, señala la reclamación de los investigados, que aseguran que “dado que la caza ya no es una opción legal, la captura ha reaparecido bajo la apariencia de investigación científica”.

Los científicos críticos señalan que, desde 2018 y 2024, respectivamente, los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía han autorizado permisos científicos de anillamiento para tramperos de aves, válidos por un año y aplicables incluso dentro de espacios protegidos. “En Madrid y Andalucía, cientos de tramperos autorizados están inscritos como científicos ciudadanos en ‘proyectos científicos’, aunque utilizan reclamos vivos en jaulas y trampas de red, en violación de la normativa de la UE”, se explica en la carta. “El objetivo declarado de estos proyectos —evaluar si las poblaciones de fringílidos podrían sostener en el futuro una “extracción sostenible” por parte de los mismos voluntarios— genera un conflicto de intereses inherente que resulta incompatible con una práctica científica creíble y con los objetivos de conservación".

Como llaman la atención los denunciantes, “la investigación ornitológica legítima realizada por instituciones acreditadas está sujeta a una estricta evaluación ética, protocolos estandarizados y supervisión por parte de los programas nacionales de anillamiento coordinados en toda Europa a través de EURING”. “En cambio, tanto las iniciativas gubernamentales andaluzas como las de la Comunidad de Madrid autorizan la captura de un número potencialmente elevado de aves sin cumplir los requisitos científicos ni éticos esenciales”, se señala en la carta.

“La apropiación del lenguaje científico para legitimar la captura tradicional o recreativa, que parece ser el objetivo de los ‘proyectos científicos’ autorizados, amenaza con erosionar la confianza pública en la ciencia de la conservación y pone en riesgo el cumplimiento de la legislación de la UE”, incide la misiva publicada en Science, que concluye: “Las autoridades nacionales y autonómicas españolas deberían garantizar que cualquier investigación que implique la captura de fauna silvestre se ajuste a protocolos transparentes, revisados por pares y científicamente validados. Los permisos deberían concederse exclusivamente a investigadores cualificados y anilladores autorizados que operen bajo supervisión ética institucional. España debe salvaguardar la integridad tanto de la investigación científica como de la política de conservación”.