El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del Algarrobico contra la expropiación y acerca el momento de su demolición

El Gobierno de España ha rechazado el recurso de alzada que Azata del Sol, la empresa promotora del hotel levantado en la playa almeriense del Algarrobico, presentó contra la decisión de expropiar los terrenos de titularidad estatal sobre los que se levanta la construcción ilegal, según ha podido confirmar este diario. La resolución adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en la tarde de este lunes acelera la ocupación estatal de esa superficie y hace que su ansiado derribo esté más cerca.

Azata presentó a principios de agosto un recurso de alzada contra la resolución que el pasado 24 de junio adoptó la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se acordaba la declaración de necesidad de ocupación para su expropiación, con la intención de frenar el plan del Gobierno para derribar la edificación a lo largo de 2025. El Miteco, tal y como avanzó su titular y vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aagesen, ha acelerado la resolución del recurso -evitando dejar pasar los tres meses de plazo- y ha desestimado todos los argumentos presentados por la constructora.

La Administración central sostiene que no existe una vulneración de la normativa que regula la expropiación forzosa, ni tampoco se produce la indefensión de Azata, al entender que tiene pleno conocimiento de los bienes objeto de la expropiación, descritos en la declaración de necesidad de ocupación, según indican a este diario fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. También se argumenta que existe una vinculación directa entre la necesidad de salvaguardar el uso del dominio marítimo terrestre, que es la causa expropiatoria, con la determinación de los bienes a expropiar y que la resolución está perfectamente motivada en la declaración de utilidad pública aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero, adoptada con la finalidad de devolver a la legalidad los terrenos y parte de la edificación que invade la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre.

La resolución del Miteco pone fin a la vía administrativa y acelera el procedimiento para la ocupación de los terrenos de la playa del término municipal de Carboneras que se encuentran en el dominio público perteneciente al Estado. “Azata podría recurrir la necesidad de ocupación ante los tribunales, pero es muy complicado que un juez determine la suspensión del procedimiento de ocupación”, indica Roberto Galán, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla. Al tratarse de una “ocupación urgente“, según declaró Aagesen cuando se dio luz verde al proceso de expropiación, no tendrían que agotarse los plazos para que la promotora y la administración central tuvieran que pactar el justiprecio por los terrenos, sostiene Galán. “La ocupación precede a la determinación del justiprecio”, señala, y explica que bastaría con que el Gobierno determinara una cantidad fiscal que debería consignar Azata.

Las fuentes consultadas señalan que no se trata de un procedimiento urgente, por lo que el Gobierno y la propietaria deberían negociar el justiprecio del inmueble, que pasaría a manos del Estado por “interés social”, lo que disponen de un plazo de 15 días. Si no hubiera acuerdo, Azata tendría 20 días para presentar su oferta, que podría ser aceptada o rechazada por la Administración, en cuyo caso sería el Jurado Provincial el que debería dirimir un proceso que podría alargarse hasta tres meses más. Tienen 15 días para llegar a un acuerdo amistoso.

Si no lo logran, los propietarios tienen 20 días para presentar su oferta, la administración tendrá otros 20 días para aceptarla o rechazarla, y en caso de rechazarla, el expediente pasará a manos de un Jurado Provincial de Expropiación, que puede dilatar su resolución otros tres meses, apunta José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace y que ha estado presente en todos los procedimientos judiciales relacionados con el derribo del hotel.

La revisión de la licencia, una vía más larga

Con esta decisión, en todo caso, se agilizan los plazos y el Ejecutivo estaría más cerca de cumplir con el compromiso anunciado por la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía a principios de febrero de que la parte del hotel -un 40%- que se levanta sobre los 100 primeros metros de la línea de costa podría estar demolido antes de finalizar el año, gracias a la vía de la expropiación. Se trataría, no obstante, de un derribo parcial porque el resto del suelo sobre el que se asienta esta construcción, símbolo del urbanismo salvaje, corresponde a la Junta de Andalucía, que se ha mostrado contraria a la vía expropiatoria y que, desde que Juan Manuel Moreno está al frente del Gobierno autónomo, ha defendido la vía de la anulación de la licencia de obras, que corresponde al Ayuntamiento de Carboneras y que lleva una década sin ejecutar, por entender que era el procedimiento más rápido. Con todo, la administración autonómica decidió personarse este verano en el procedimiento de expropiación para poder tener acceso a su tramitación.

La Junta y el Gobierno llevan más de una década anunciando el derribo del Algarrobico, pero su desenlace se encalla una y otra vez en los interminables procesos judiciales, que arrancaron en 2006 cuando un juez ordenó paralizar las obras de este complejo. Pero, además de estas dos administraciones, en este enrevesado periplo, el Ayuntamiento de Carboneras también ha sido un actor clave. Esta corporación otorgó la licencia al hotel en 2003 y desde entonces se ha resistido a aplicar las sentencias que permitirían borrar esta mole del mapa.

Sin embargo, el pasado julio, impelida por el enésimo ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que modificara su planificación urbana y cambiara la calificación del suelo de la playa del Algarrobico donde se levanta el hotel, de urbanizable a no urbanizable, y cumpliera con el fallo que dictó en 2018, el pleno municipal decidió dar inicio al procedimiento para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. “Esa decisión debe ser publicada en el boletín oficial de la provincia y en el de la Junta de Andalucía y tiene que contar con la aprobación del TSJA”, señala Domínguez. Aunque esta es la vía que la Junta de Andalucía defiende como la más rápida, frente a la expropiación, Domínguez recuerda que este tipo de expedientes tienen un plazo máximo de duración de seis meses, con lo que este procedimiento y teniendo en cuenta la reticencia del municipio a revertir la concesión, podría encallar. “Conociendo al Ayuntamiento seguro que lo dejan morir”, sostiene el letrado.