La extradición a Chile del exguerrillero Galvarino Apablaza se demora en los tribunales argentinos

La posible extradición a Chile del exguerrillero Galvarino Apablaza está demorada en Argentina y, pese a la expectativa planteada por las autoridades chilenas y la decisión ya anunciada por el Gobierno de Javier Milei, no está claro cuándo podría concretarse. Apablaza, de 75 años, integró el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y es requerido desde hace dos décadas por la justicia de Chile: se le imputa ser el autor intelectual del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, ideólogo de la UDI y mentor del presidente chileno, José Antonio Kast. También es acusado por el secuestro en 1991 de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, dueño y fundador del diario El Mercurio. El estatus de refugiado político de Apablaza en Argentina se dirime en los tribunales locales y, aunque una sentencia reciente lo consideró caducado, la defensa del exguerrillero sostiene que hay recursos pendientes de resolución y que, además, la solicitud de extradición debe iniciarse nuevamente.

Las versiones sobre la inminente extradición de Apablaza se multiplicaron tras un fallo de mediados de febrero de la Cámara de Apelaciones de Argentina, que confirmó la revocación de su condición de refugiado político. Las autoridades chilenas del pasado Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) habían adelantado que el traslado del exguerrillero ya estaba en condiciones de realizarse esta semana. Y este miércoles, el ministro del Interior, de Kast, Claudio Alvarado, de la UDI, el partido que fundó Guzmán en 1983, aseguró que se acercaba la opción real de que Apablaza regresara a Chile para “asumir sus responsabilidades y enfrentar a los tribunales de justicia”.

Del otro lado de la Cordillera, la senadora Patricia Bullrich, exministra y dirigente de peso en el Gobierno de Milei, confirmó que la decisión de autorizar la extradición estaba tomada. “Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos”, declaró a la prensa local. Pero más allá del acuerdo político entre los gobiernos de Kast y Milei, ideológicamente afines, la cuestión aún está en manos de los tribunales judiciales argentinos.

Apablaza llegó en 1993 con su esposa a Argentina, donde tuvo tres hijos. En 2004 fue detenido a requerimiento de la justicia chilena, pero la justicia local rechazó la extradición y lo liberó en 2005. Ante un nuevo pedido de Chile, la Corte Suprema argentina revocó aquel rechazo de extradición, pero exigió que se resolviera el trámite de refugio solicitado por Apablaza. Ese mismo año, bajo el Gobierno de la peronista Cristina Kirchner (2007-2015), la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó refugio político. La situación cambió con el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019), quien le retiró la protección. Entonces, Apablaza inició un largo proceso judicial para conservar la condición de refugiado.

La Cámara de Apelaciones consideró, en un fallo dividido de febrero pasado, que el refugio no está vigente. La defensa de Apablaza presentó un recurso extraordinario y el tribunal debe resolver si lo concede. De aceptarlo, el trámite pasará a la Corte Suprema. Si lo rechaza, el abogado del exguerrillero, Rodolfo Yanzón, adelantó que presentará un recurso de queja. “Todo esto puede demorar una semana o años en resolverse”, explica el abogado. “Una vez que este proceso se defina, y si Apablaza pierde el estatus de refugiado, Chile deberá volver a pedir su extradición, porque el proceso anterior finalizó en 2010, cuando fue rechazado”, sostiene. Y advierte: “Si el Gobierno traslada ahora a Apablaza, estaría infringiendo las leyes vigentes, sería completamente ilegal, sería un secuestro”.

El interés de Kast por el caso quedó claro desde que fue electo presidente. El 16 de diciembre, apenas 48 horas después de ganar los comicios, Kast cruzó la cordillera para reunirse con Milei y, en una rueda de prensa en Buenos Aires, habló sobre la situación de Apablaza: “No queremos generarle un problema a Argentina, pero sí esperamos que en algún minuto el señor Apablaza cumpla su condena o sea sometido a proceso como corresponde y entregue los antecedentes ante una justicia que le garantizamos que es imparcial y que ha hecho resoluciones importantes en nuestro país. Nadie tiene que temerle a la justicia”.

El FMPR que integró Apablaza fue un brazo armado del Partido Comunista (PC) fundado en 1983 y protagonizó diversos atentados en la dictadura, entre ellos un ataque a Pinochet en 1986, en el que resultaron muertos cinco de sus escoltas. Pero el homicidio de Guzmán y el secuestro de Edwards, por los que está acusado en Chile, fueron perpetrados en democracia, durante los primeros dos años del Gobierno del democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), el primer jefe de Estado de la transición.

Guzmán era profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC), donde Kast estudió la misma carrera. Fundó la UDI, una formación de derecha que apoyó la dictadura de Pinochet y de la que el nuevo presidente de Chile fue militante desde 1996 hasta 2016. Kast renunció para crear, primero, el Movimiento Acción Republicana en 2018, que dos años después se constituyó oficialmente como Partido Republicano.

El senador fue asesinado a tiros cuando salía de dar clases en la escuela de derecho de la PUC, mientras iba dentro de su automóvil, en el Campus Oriente, ubicado entre los municipios de Ñuñoa y Providencia en Santiago. Dos de los autores materiales, Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete, se fugaron en 1996 en un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) junto a Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro.

Palma estuvo prófugo por 22 años, y en 2018 pidió asilo político en Francia, que se lo concedió. Hernández Norambuena está detenido en Chile, en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago. Fue extraditado en 2019 desde Brasil, donde cumplía una condena por el secuestro en 2001 del publicista Washington Olivetto.

El expediente que involucra a Apablaza está en manos de la jueza Paola Plaza y se ha reactivado en Chile en la víspera de que el 1 de abril se conmemoren los 35 años del asesinato de Guzmán.